Según ejemplificó Santos Ramírez, presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la compañía CLHB, de capitales peruanos y alemanes, es una de las que actuó de forma irregular.

Ramírez acusó a la firma que pertenecía a la alemana Oil Tanking GmBH y a la peruana Graña y Montero, de retirar fondos y contraer deudas con cargo a sus futuras utilidades.

Asimismo señaló que esa entidad, encargada de almacenar carburantes, incumplió con las inversiones prometidas desde su privatización en el año 2000.

Los fondos retirados fueron para pagar beneficios a sus ejecutivos de manera anticipada, acotó.

El ejecutivo recuperó el pasado 1 de mayo todas las acciones de esa empresa para permitir que YPFB asuma el control.

El presidente Evo Morales también decretó ese día que las acciones mayoritarias de otras dos petroleras pasen a la estatal.

Se trata de la operadora de oleoductos Transredes, operada por la británica Ashmore y Pan-american Energy; y la empresa Chaco, del grupo British Petroleum.

Sólo Andina, filial de la hispano argentina Repsol YPF, alcanzó un acuerdo tras aceptar compartir la gestión de 11 campos de gas, entre ellos los dos más grandes reservorios, San Alberto y San Antonio.

YPFB asumirá el control de las operaciones de las compañías del sector recién nacionalizadas en un período de transición que durará entre 90 y 120 días.

De acuerdo con Ramírez, ese es el tiempo en que el Estado tendrá listo el cambio de las normas internas de las empresas y los equipos para asumir las operaciones.