Para Francisco Ruiz Barrientos, jubilado y vecino del U- 80, en el Micro 9, del Distrito José Martí, la espera fue interminable.

Operar con control y celeridad, retos impostergables para una de las actividades de mayor contacto popular en el país.

Llevaba horas, y no era el primer día, en que se dirigía al correo de la Zona 6, del bloque J, de la ciudad de Santiago de Cuba, y recibía idéntica respuesta: "Debe regresar en otra oportunidad, ahora no hay dinero, el fondo está afectado".

Desconcertado se preguntaba a qué lugar dirigirse, quién protegía sus derechos, cómo una persona jubilada y enferma —cuya operación del riñón izquierdo mostraba para refrendar sus palabras— no podía cobrar su chequera.

Menos conforme, aunque con idéntica razón, discutían en el mostrador Mirtha Luisa Liranza y Ailén Casanova, las que debían cobrar sendos giros por importe de 200 y 140 pesos, respectivamente.

Mirtha Luisa Liranza, muestra su derecho e insatisfacción por la situación creada en la unidad de correos de mayor densidad poblacional en la provincia de Santiago.

Mirtha, sin recriminar a la gestora y luego de casi una semana de espera, preguntaba: "Por qué se le faltaba el respeto al pueblo, quiénes son los responsables de esa situación, qué controles existen en una unidad que todos los meses incurre en el mismo problema, dónde están los que dirigen un servicio tan ineficiente, y que por demás los clientes pagan".

Romelia Deroncelet Vidal, jefa de la agencia, y Ana García, especialista de recursos humanos, corroboraron la situación: en ese momento no existía efectivo para cubrir ningún servicio, pese a que el centro dispone mensualmente de una considerable suma para garantizar todas sus actividades.

Ante la interrogante de qué significaba "el fondo afectado" respondieron: se debe a que hace meses arrastramos un faltante de $25 005.67, que incluyen todo el fondo operativo de la unidad y $5 544.11 del préstamo bancario de asistencia social; problemática que conocen los jefes de cuadro, inspección, economía, quejas y la dirección de la empresa.

Insistieron en que la sucursal del Banco de Crédito y Comercio (BCC) 8301 le había negado la restitución del préstamo, tal y como prevé el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Esperanza Acosta Tabio, comercial de la unidad de correo de la zona 6, explicó que el problema se había tramitado, razón por la cual el auditor de la empresa estaba analizando los faltantes. No obstante, existía dilación en su solución pues el primer caso fue detectado en julio del 2007, el segundo en diciembre de ese año y el último en la primera decena de enero este año.

Argumentó que a diario intentaba darles una satisfacción a los clientes, pero la dificultad persistía, en buena medida como resultado de no tener responsable económico desde el 2005, jefe y técnico de operaciones desde septiembre y noviembre del 2007. También por no contar con administrador y utilizar de cajera a una adiestrada, con voluntad, pero sin el conocimiento necesario.

En reunión con los directivos y algunos de los factores de la Empresa Provincial de Correos, convocada al efecto por Alfonso Brooks, delegado del Ministerio de Informática y las Comunicaciones, ratificaron que los fondos dispuestos en las unidades son suficientes para cubrir sus necesidades operacionales, que no hay razones que justifiquen hechos como este.

Con transparencia explicaron a Granma el interés por eliminar la inestabilidad de sus múltiples servicios, la voluntad de erradicar las causas y problemas que dañan el prestigio y laceran al colectivo de trabajadores de la empresa.

Maribel Reinosa, directora de la sucursal del BCC, y Marianela Álvarez, jefa de departamento de la dirección provincial del Banco de Crédito y Comercio, señalaron que en febrero de este año, tras concluir un estudio para ajustar la entrega de recursos financieros a las necesidades reales de cada entidad, se redujo a todos los correos el préstamo de asistencia social.

En ese momento, aclaró Maribel, no recibimos ninguna inconformidad; ahora bien, el 27 de marzo le entregamos el monto que completaba la cifra pactada para operar dentro del mes. Diez días después no habían conciliado ni liquidado lo extraido, trámite de carácter obligatorio para recibir un nuevo préstamo.

Manifestó estar a favor de revisar las operaciones por si es necesario incrementar el marco financiero que reciben los asistenciados, pero ajustado al estricto cumplimiento de lo establecido legalmente y con la aprobación de la empresa.

El licenciado Rafael Herrera, auditor de la empresa, fue categórico al expresar: que no ha habido un trabajo responsable para llevar adelante el necesario control, chequeo sistemático y seguimiento riguroso a la actividad comercial, económica y financiera.

Es inconcebible e inaceptable que situaciones como estas prevalezcan, e incluso pervivan dentro de los colectivos laborales durante meses sin ninguna respuesta.

A todas luces aquí el contacto con la base es deficiente, la verificación empresarial incorrecta, se violan procedimientos, se infringen disposiciones para el control de las finanzas, la organización del trabajo está quebrantada y los planes de prevención no se ajustan a su contexto. Además, asistimos al consabido caso donde las plazas vacantes tienen efectos y consecuencias contraproducentes.

Intolerable resulta que los recursos monetarios destinados a la asistencia y la seguridad sociales, a la protección de las madres, enfermos, estudiantes y jubilados, no sean fiscalizados hasta el último centavo de cada empréstito.