Actualizado 1:05 p.m. hora local

Gobierno de Bush espía a abogados de
presuntos terroristas

WASHINGTON, 28 de abril (PL).— El gobierno del presidente George W. Bush espía a través de sus servicios de inteligencia a los abogados estadounidenses que representan a personas acusadas de terrorismo, destaca hoy el diario The New York Times.

En declaraciones al rotativo, varios letrados denuncian que su labor como parte de la defensa se ve obstruida porque instituciones como el Buró Federal de Investigaciones (FBI) o la Agencia Central de Inteligencia (CIA) escuchan sus conversaciones o rastrean los mensaje electrónicos con sus clientes.

El Times cita el caso de Thomas Nelson, un abogado de Oregón que lleva dos años bajo vigilancia por representar a un ciudadano de Arabia Saudita que enfrenta cargos por supuestos vínculos con el terrorismo.

Nelson se ha visto obligado a viajar a Riad de forma sistemática para poder tener una comunicación privada con su cliente, ya que si conversa con él vía telefónica o le envía correos electrónicos corre el riesgo de que sean interceptados por el FBI, la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) u otro aparato de espionaje.

"Apenas puedo dormir normalmente pero no tengo otra opción, para mí está claro que si algo le digo a mi cliente o a otros abogados, todo quedará grabado", asegura el letrado.

Steven T. Wax, quien también representa a otras personas acusadas de terrorismo, le ha dicho a sus clientes que estén conscientes de que todo lo que platiquen por teléfono o por Internet es captado por el gobierno.

Un informe secreto entregado por error de la fiscalía a abogados defensores en agosto de 2004 evidencia la extensa red de monitoreo existente.

El documento, vinculado al caso de la oficina de Caridad Islámica en Oregón, incluye un registro diario de las llamadas telefónicas interceptadas entre los representantes de la defensa en Washington y sus clientes en Arabia Saudita.

Clasificado como "top secret", el reporte al parecer fue elaborado por la NSA, eje del controversial programa de vigilancia doméstica ordenado por Bush luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Una vez que el gobierno se percató del error, obligó a los abogados a entregar el informe al FBI, con la advertencia de que si divulgaban su contenido podrían ser acusados de revelación de secretos.

 

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