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El gobierno del presidente George W. Bush espía a través de sus
servicios de inteligencia a los abogados estadounidenses que
representan a personas acusadas de terrorismo, destaca hoy el diario
The New York Times.
En declaraciones al rotativo, varios letrados denuncian que su
labor como parte de la defensa se ve obstruida porque instituciones
como el Buró Federal de Investigaciones (FBI) o la Agencia Central de
Inteligencia (CIA) escuchan sus conversaciones o rastrean los mensaje
electrónicos con sus clientes.
El Times cita el caso de Thomas Nelson, un abogado de Oregón que
lleva dos años bajo vigilancia por representar a un ciudadano de
Arabia Saudita que enfrenta cargos por supuestos vínculos con el
terrorismo.
Nelson se ha visto obligado a viajar a Riad de forma sistemática
para poder tener una comunicación privada con su cliente, ya que si
conversa con él vía telefónica o le envía correos electrónicos corre
el riesgo de que sean interceptados por el FBI, la CIA, la Agencia de
Seguridad Nacional (NSA) u otro aparato de espionaje.
"Apenas puedo dormir normalmente pero no tengo otra opción, para mí
está claro que si algo le digo a mi cliente o a otros abogados, todo
quedará grabado", asegura el letrado.
Steven T. Wax, quien también representa a otras personas acusadas
de terrorismo, le ha dicho a sus clientes que estén conscientes de que
todo lo que platiquen por teléfono o por Internet es captado por el
gobierno.
Un informe secreto entregado por error de la fiscalía a abogados
defensores en agosto de 2004 evidencia la extensa red de monitoreo
existente.
El documento, vinculado al caso de la oficina de Caridad Islámica
en Oregón, incluye un registro diario de las llamadas telefónicas
interceptadas entre los representantes de la defensa en Washington y
sus clientes en Arabia Saudita.
Clasificado como "top secret", el reporte al parecer fue elaborado
por la NSA, eje del controversial programa de vigilancia doméstica
ordenado por Bush luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001.
Una vez que el gobierno se percató del error, obligó a los abogados
a entregar el informe al FBI, con la advertencia de que si divulgaban
su contenido podrían ser acusados de revelación de secretos.