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Aboga Bolivia por soberanía alimentaria

LA PAZ, 28 de abril (PL).— El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Gabriel Herbas, saludó hoy la voluntad del gobierno boliviano de impulsar planes que garanticen la soberanía y seguridad alimentarias.

Herbas recordó la reciente firma en Managua de un convenio en ese sentido con el resto de los países integrantes de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA).

El convenio suscrito junto a Cuba, Venezuela y Nicaragua, dijo, es una respuesta al llamado de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación para implementar un plan frente al agudo problema alimentario en América Latina y el Caribe.

Dicho acuerdo permitirá el desarrollo de rubros esenciales como son los cereales (arroz y maíz), leguminosas, oleaginosas, carnes y leche, entre otros, destacó.

Según el parlamentario, el Ejecutivo boliviano toma todas las precauciones necesarias con la finalidad de tener la capacidad de producir alimentos propios.

El legislador señaló que se debe romper la dependencia de ciertos rubros, como el trigo, pues hoy esta nación andina compra el 58 por ciento de la harina que consume.

En agosto de 2007 el gobierno boliviano presentó un decreto que institucionaliza la creación de una empresa pública de apoyo a la producción de alimentos, en respuesta a las brechas dejadas en el campo por el modelo neoliberal.

Suscrito por el presidente Evo Morales, ese documento establece como prioridad el fomento del agro, parte fundamental del Plan Nacional de Desarrollo y de la Revolución Agraria.

De acuerdo con ese decreto, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) deberá respaldar la producción agropecuaria y contribuir a la estabilización del mercado, entre otros objetivos.

Entre sus principales actividades sobresalen la compra-venta de insumos y alimentos, la transformación básica de la producción y su comercialización, así como la prestación de asistencia técnica.

La EMAPA cuenta con un patrimonio inicial de 192 millones de bolivianos (24 millones de dólares), según el Ejecutivo.

 

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