La misión de esas tropas en el país árabe está en contra de la Constitución pacifista nipona vigente desde finales de la Segunda Guerra Mundial, señaló el juez Kunio Aoyama, al hacer referencia al artículo nueve de la Carta Magna.

Según lo estipulado en ese apartado, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como un derecho soberano y a emplear el uso de la fuerza como medio para resolver conflictos bélicos internacionales.

El magistrado destacó en ese sentido que las fuerzas de Autodefensa niponas apoyan a otros países en la guerra contra Iraq, por lo que se puede considerar que el propio archipiélago está haciendo uso de la fuerza.

La sentencia dictada por el Tribunal de Nagoya responde así a una demanda de un grupo de ciudadanos que denunció el envío de tropas japonesas a Iraq con el objetivo de suspender esa misión en 2004.

Bajo el mandato del primer ministro Junichiro Koizumi (2001-2006), Japón aprobó el envío de fuerzas al extranjero tras varias reformas a la Carta Magna por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.

Los sucesivos jefes de gobiernos han seguido sus pasos.

Aunque las Fuerzas de Autodefensa japonesas de infantería abandonaron el sur de Iraq en el verano de 2006, las tropas aéreas realizan operaciones de transporte entre Iraq y Kuwait.