WASHINGTON.— Un año después de la mayor matanza en un establecimiento estudiantil de Estados Unidos, sigue siendo fácil acceder a un arma y los norteamericanos se muestran incluso más a favor del derecho a portarlas.

Otra escuela norteamericana convertida en campo de batalla.

El fracaso de los legisladores a la hora de aprobar un control más estricto de la compra de armas tras la masacre en la Universidad de Virginia Tech, el 16 de abril del 2007, demuestra la influencia que tienen en EE.UU. los lobbies en el proceso legislativo y la opinión pública, según las organizaciones que luchan por limitar el acceso a las armas.

Según un sondeo de la organización Gallup, realizado en octubre pasado, solo 38% de los estadounidenses está a favor de leyes más estrictas, un porcentaje más bajo que en el 2002.

Los defensores del derecho a armarse señalan que su postura refleja el sentimiento de los estadounidenses en el sentido de que las restricciones no impedirán matanzas como la de Virginia Tech. En esta Universidad, un estudiante mentalmente perturbado, Seung-Hui Cho, de origen surcoreano, mató a 32 personas antes de suicidarse.

"Pienso que las personas comprenden que, en realidad, no sirve de nada aprobar leyes para restringir el acceso ya que habrá siempre alguien que las podrá eludir", explica Alan Gottlieb, presidente del Comité de Ciudadanos por el Derecho a Portar Armas.

El tema es si quien tiene un arma en la mano es una persona mentalmente normal y no un criminal, agrega.

Gottlieb es también uno de los cerca de cuatro millones de miembros de la NRA (Asociación Nacional del Rifle), la poderosa organización que está a favor del derecho a portar tales dispositivos de muerte.

Tras la matanza en Virginia Tech, varios estados (Virginia, entre ellos) acentuaron los controles sobre los antecedentes de las personas que quieren portar un arma para evitar que los individuos mentalmente inestables puedan adquirirlas.

A pesar de este avance, Virginia otorgó en el 2007 un 60% más de permisos que en el 2006, según The Washington Post.

Otros estados, como Florida (sudeste), modificaron sus leyes, al aprobar un texto la semana pasada que permite ir armado al trabajo, pero no a las prisiones, escuelas y centrales nucleares.

No obstante, este año se aprobó, por primera vez desde 1994, una ley a favor de un control más severo, la que fue apoyada por la NRA y el Brady Center, creado por el ex portavoz de la Casa Blanca Jim Brady y su esposa.

Pero las críticas consideran que esta ley se debilita por la cantidad de disposiciones que buscan restaurar algunos derechos de los poseedores de armamento de fuego.