La cadena comunitaria de radio y televisión Democracy Now precisó que Kaine aplicó esa medida para esperar por el dictamen del máximo órgano de justicia del país.

El Tribunal Supremo mantiene una moratoria de facto sobre las ejecuciones con inyección letal mientras discute si ese método es anticonstitucional.

Ese órgano bloqueó recientemente la ejecución de James Harvey Callahan, un preso en Alabama sentenciado a muerte por un asesinato.

Desde septiembre último no se aplica ese procedimiento, luego de que la Corte aceptara una demanda de abogados de Kentucky que representan a los convictos Ralph Baze y Thomas Bowling.

Según los querellantes, la inyección letal es inconstitucional porque constituye un castigo cruel y acarrea sufrimientos para el reo.

Aunque los jueces aún no han emitido un fallo definitivo sobre el tema, en la práctica han suspendido la pena capital mediante ese método hasta una decisión final.

Si la justicia da la razón a los demandantes, obligara a los estados de la Unión a revisar sus procedimientos de ejecución, un proceso administrativo que podrá durar años, señaló días atrás la televisora CNN.