NUEVA YORK.— El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, decidió enfrentarse al Congreso legislativo y vetó una ley contra el empleo del "submarino" o simulación de ahogamiento y de otras "técnicas intensificadas de interrogatorio" para obtener información de supuestos terroristas.

¿Esto no es tortura?

La ley limitaba a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) al uso de 19 métodos menos agresivos, descritos en un manual del ejército, e implicaba el fin del uso del submarino ("waterboarding" en inglés), tortura empleada por las dictaduras latinoamericanas de los años setenta y ochenta que consiste en someter al interrogado a la sensación de ahogo con agua.

El Congreso no parece contar con la mayoría de dos tercios de los votos necesaria para dejar sin efecto el veto de Bush, quien cuenta principalmente con el apoyo de senadores del oficialista Partido Republicano, entre ellos John McCain, el candidato presidencial para las elecciones de noviembre de este año.

McCain fue uno de los impulsores de la Ley de Tratamiento de Detenidos del 2006, que prohibió el uso de la tortura por parte del ejército, pero no incluyó a los interrogatorios de la CIA. Bush la aprobó, pero con la aclaración explícita de que se adjudicaba la facultad de ignorarla en los casos en que la "seguridad nacional" lo hiciera necesario.

"Escenificar una ejecución, a través de la percepción de la asfixia, es una clara violación a la ley", señaló McCain en aquella oportunidad.

Bush y McCain apoyan el “submarino” y otras formas de tortura.

Pero se alineó con Bush respecto al uso del submarino por parte de la CIA. Consideró que no correspondía aplicar a la agencia de inteligencia los mismos criterios empleados para el ejército.

Activistas de derechos humanos criticaron duramente la posición adoptada por McCain, quien el 4 de marzo se aseguró la candidatura presidencial republicana.

"Su voto contra la ley que ponía fin a la tortura demuestra que miente cuando dice que se preocupa por los derechos humanos fundamentales. Es un oportunista y, lo que es peor, cómplice del empleo de la tortura", dijo Michael Ratner, del Centro para los Derechos Constitucionales, quien ha defendido a detenidos en la prisión de la base naval de Guantánamo, Cuba.

El empleo del submarino se ha convertido en paradigma de los poderes especiales que reclama el gobierno de Bush. Luego de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Washington llevó a juicio a soldados japoneses que utilizaron esa forma de tortura con prisioneros estadounidenses.

"Es una tragedia de dimensiones históricas que el presidente de Estados Unidos, luego de repetir una y otra vez que ‘nosotros no torturamos’, haya vetado una ley que hubiera obligado al Poder Ejecutivo a respetar ese principio", dijo el constitucionalista David Cole, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown.

Entre los críticos de Bush por su posición respecto a la tortura se encuentran más de 30 generales retirados, quienes destacaron que su empleo es poco aconsejable e inefectivo.

"Escuchamos muchos argumentos que tratan de justificar las ‘técnicas intensificadas de interrogatorio’, pero sabemos exactamente de qué están hablando. Se trata de tortura con un envoltorio diferente", dijo el brigadier general retirado James Cullen.

Por su parte, el general David Petraeous, máximo comandante militar estadounidense en Iraq, sostuvo que los métodos contemplados en el manual del ejército constituyen una forma "efectiva y humana" de obtener información del enemigo.

Otro punto de discrepancias tiene que ver con la autorización otorgada por Bush a la Agencia Nacional de Seguridad, la mayor de las 16 organizaciones de inteligencia de Estados Unidos, para que controle el contenido de las conversaciones telefónicas y los correos electrónicos sin orden judicial.

En 1978, el Congreso aprobó una ley que creó un tribunal especial al que debía recurrir el gobierno para pedir autorización si quería realizar ese tipo de espionaje. Pero Bush, luego de los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y Washington, lanzó un programa de "vigilancia antiterrorista" sin solicitar su aprobación e involucró en él a las compañías telefónicas y proveedores de servicios de Internet.