No hay pruebas suficientes en contra del terrorista internacional Luis Posada Carriles, según afirmó en la ONU la encargada de asuntos legales de la misión estadounidense, Caroline Wilson, cuando pronto harán ya dos años desde que un funcionario norteamericano de inmigración anunció al delincuente que era un peligro para la seguridad nacional.

El 27 de marzo del 2006, el director para Miami del Servicio de Inmigración y Control de Aduana de Estados Unidos (ICE), Robert E. Jolicoeur, señalaba a Posada, en una carta, que se le negaba la libertad por su "largo historial de acciones criminales y violencia que implican a civiles inocentes".

"Su liberación representaría un peligro tanto para la seguridad de la comunidad como de la nación", declaraba Jolicoeur, subrayando a Posada las acusaciones presentadas en Caracas por su participación en el atentado contra un avión cubano que costó la vida a 73 pasajeros en 1976; su arresto en Panamá, en el 2000, como responsable de un intento de atentado contra el líder cubano Fidel Castro; su admisión pública de haber organizado una campaña terrorista contra instalaciones turísticas de La Habana en 1997; y su estrecha relación con terroristas.

Sin embargo, en respuesta a los planteamientos de Cuba y Venezuela, en el Consejo de Seguridad de la ONU, Wilson dijo sin pudor que su país "ha seguido cuidadosamente los procedimientos legales vigentes en el caso de Posada Carriles", según el reporte de EFE.

"Como sucede en las democracias del mundo, una persona no puede ser procesada o extraditada si no hay suficientes pruebas de que cometió el delito de que se le acusa", afirmó.

Repitió luego que el magistrado de inmigración que autorizó la deportación de Posada Carriles, tras su ingreso ilegal al país en el 2005, impidió al mismo tiempo su entrega a Venezuela o Cuba "por temor" a que el ex agente de la CIA que fue torturador con la DISIP venezolana "sea torturado".

Wilson terminó utilizando el pretexto de que su gobierno apeló la decisión de una jueza federal que lo liberó el año pasado por los delitos migratorios que se le imputaban, al reconocer de manera complaciente las afirmaciones de la defensa que alegó errores de un intérprete durante un interrogatorio del viejo asesino.

José Pertierra, abogado de Venezuela, ya señaló en varias oportunidades, que esa apelación no es otra cosa que una maniobra dilatoria por esfuerzo de la Casa Blanca, mientras existen recursos legales y numerosas evidencias para inculpar a Posada como terrorista.