Según un informe del Departamento de Justicia citado por el diario, el FBI hizo un uso extremo de ese privilegio de 2003 a 2006 amparado por las llamadas "Cartas de Seguridad Nacional", documentadas muchas veces de forma inadecuada.

De acuerdo con el reporte, de las miles de órdenes administrativas emitidas para espiar, el 60 por ciento tenían como objetivo a ciudadanos norteamericanos.

Oficialmente, para espiar a los estadounidenses las agencias de inteligencia necesitan de una orden judicial, sin embargo, a través de las "National Security Letters", el FBI tiene en sus manos la posibilidad de investigar a cualquier persona sin el visto bueno de la justicia.

Entre 2003 y 2006 se emitieron 200 mil cartas de seguridad, y según el Inspector General del Departamento de Justicia, Glenn A. Fine, fueron detectadas centenares de violaciones en el empleo de esos documentos.

El funcionario aseguró que agentes del FBI recolectaron en muchos casos más información que la permitida en las misivas.

Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Congreso flexibilizó las regulaciones para la emisión de las cartas de seguridad, para las cuales sólo es necesario una certificación del FBI de que los datos sobre ciudadanos son necesarios para una investigación relacionada con terrorismo o espionaje.

Tal prerrogativa desató un aumento en la emisión de ese tipo de documento, que permite también solicitar información a compañías de telecomunicaciones.