Se trata de un delito sancionado por la legislación nacional, "el de terrorismo", que ocurre cuando se ingresan explosivos y los arrojan, causando la muerte de individuos, resaltó Parra.

Puntualizó que hubo además asesinato, pues los perpetradores de este acto de guerra ilícito actuaron sin piedad e infringieron daños innecesarios a las víctimas.

Tales acciones son condenadas por la ley penal, subrayó al reconocer que este proceso puede durar bastante tiempo, pero la ALDHU tiene experiencia y paciencia para esperar y velar porque se haga justicia.

El propósito es que "este tipo de acto criminal no quede en la impunidad", aseveró en declaraciones a un canal de la televisión nacional.

El máximo representante de esa organización no gubernamental señaló que asumió la defensa de cinco civiles mexicanos y dos colombianas que fueron víctimas de esta masacre.

Aclaró que presentó una denuncia contra Colombia de manera general, pues el Ministerio Público tiene la obligación de investigar los hechos delictivos registrados.

Se necesita conocer la identidad de los autores, los cómplices, encubridores de este hecho, que constituyó una violación de la soberanía de Ecuador, apuntó.

Adelantó que además de presentar una acusación formal ante la justicia nacional, lo hará también en México la próxima semana.

Parra destacó la disposición de presentar este caso, que volvió a calificar de terrorismo y asesinato, en instancias internacionales como la Corte de La Haya.

Lo ocurrido el 1 de marzo ultimo en una zona norte del país fue un acto de guerra ilegitimo, violatorio de todo el derecho internacional, con el agravante que hubo víctimas civiles, reiteró.