La resolución contra Irán, patrocinada por Alemania, Francia y Gran Bretaña con el apoyo de Estados Unidos, fue aprobada con la abstención de Indonesia.

Los otros 14 miembros del alto organismo de la ONU votaron a favor, aunque con las reservas de Sudáfrica, Vietnam y Libia, que defendieron el derecho de Irán a proseguir en su programa nuclear con fines pacíficos.

La resolución contra Irán prevé la imposición de nuevas sanciones como restricción de visas a funcionarios de ese país con responsabilidad en el programa nuclear y congelamiento de activos financieros en bancos extranjeros.

Las potencias occidentales alegan que Irán no ha actuado con la transparencia suficiente para sostener que su producción de uranio enriquecido no tiene propósitos militares.

Teherán defiende su derecho, como nación firmante del Tratado de No Proliferación, al enriquecimiento de uranio con el fin de producir combustible para sus plantas atómicas y al empleo de esa energía con fines pacíficos.