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Guatemala Tras los archivos de la muerte ORLANDO ORAMAS LEÓN Once años después de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, el nuevo presidente Álvaro Colom decide abrir e investigar los archivos militares, cual condición, afirma, para lograr una conciliación que el cese del conflicto armado no ha conseguido.
A primera vista esa decisión, anunciada durante el acto por el Día Nacional de la Dignificación de las víctimas de aquella sangrienta contienda, resulta valiente y loable, aunque no faltan escépticos que la consideran poco viable. La disposición de Colom de abrir los archivos de las hasta ahora intocables fuerzas armadas, provoca reacciones positivas en la sociedad guatemalteca, también rechazo de sectores oligárquicos y militares, y declaraciones de prepotencia de algunos de los presuntos implicados en aquellos crímenes. Al respecto Granma conversó con Celso Humberto Morales, secretario general adjunto de la ex guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), partido político que intenta, en difíciles condiciones de inserción, conformar un frente político social de izquierda, en favor de cambios estructurales y el cumplimiento de los acuerdos de paz. A Morales le conocí en aquellos días de guerra, cuando se identificaba como el Comandante Tomás, y era el segundo jefe del Ejército Guerrillero de los Pobres, una de las cuatro organizaciones revolucionarias que conformaron y se unieron en la URNG.
Fue un combatiente que confrontó de primera mano la represión y política de tierra arrasada de gobiernos militares responsables de la mayor parte de las muertes y desapariciones, cifradas en un cuarto de millón de personas. De ahí que Morales resulte una fuente de consulta sobre el tema: "Es muy importante esa declaración del Presidente —opinó—, porque esos archivos deberían contener información valiosísima para esclarecer muchos de los crímenes durante la guerra, las masacres que realizó el ejército contra la población indígena y más allá. Por ahí podría conocerse el destino de muchos de los 250 000 muertos y desaparecidos". Sin embargo, el ex comandante Tomás no puede sustraerse al escepticismo, dadas las circunstancias del caso: "Al mismo tiempo, yo pondría un poco en duda que realmente el presidente Colom consiga su propósito. Primero hay que ver si los archivos existen, si están completos, porque los represores han tenido suficiente tiempo y es dable sospechar que parte de esa información ha sido destruida para impedir la verdad y la justicia. "En Guatemala no ha terminado el entramado de la contrainsurgencia, no se ha desactivado todo ese aparato que tenía el Estado y el ejército. Parte de eso permanece oculto en lo que llaman los grupos oscuros y ocultos, ejecutores de esa represión hoy selectiva, pero que sigue asesinando. "A ello no escapa la justicia, ante la cual esos crímenes siguen impunes, a pesar de que los nombres de los responsables de las grandes violaciones a los derechos humanos se conocen, están ahí: fueron los gobernantes de facto, los ministros de defensa, gobernación, jefes de estado mayor, de la policía". SEGUIR EL RASTRO Y aunque el ex general Efraín Ríos Montt, del Frente Republicano Guatemalteco, aseguró que la apertura de los archivos demostrará que siempre actuó "dentro del margen de la ley", lo cierto es que acusaciones en su contra no prosperaron antes en los tribunales locales. A inicios del año pasado, quienes impulsan una demanda por genocidio, recibieron copias del Plan Sofía, que detalla operaciones del Ejército para "exterminar a elementos subversivos del área" de Nebaj, Quiché, en 1982. Estos datos, junto a declaraciones de testigos, vincularían al alto mando del Ejército y al entonces jefe de Estado, Ríos Montt, a las masacres entre 1982 y 1983. Parte o copia de esa información debería ser rastreada en los archivos de la Agencia Central de Inteligencia, en Langley, EE.UU. e incluso en los del Departamento de Estado, en particular en los ficheros referidos a la guerra sucia de la administración Reagan en América Central. Allí tienen que existir pruebas de masacres como la que enlutó a Rigoberta Menchú y otros muchos indígenas. Un telegrama secreto (desclasificado) de la CIA, con fecha de febrero de 1983, consigna que oficiales cercanos a Ríos Montt habrían informado a agentes militares que tenían luz verde para "arrestar, retener, in-terrogar y deshacerse de guerrilleros sospechosos, a su conveniencia". Esa, quizás, es una buena pista por donde empezar. |
Los
responsables de las masacres gozan de impunidad.
El
Secretario General adjunto de la URNG afirma que han tenido tiempo
para destruir los archivos.
