Por enésima ocasión el mandatario llamó la víspera al Capitolio a sancionar la iniciativa, también cuestionada por grupos defensores de los derechos civiles, que consideran al proyecto una violación de la Constitución.

Si el enemigo llama por teléfono a Estados Unidos, necesitamos desde luego saber qué es lo que dice, y lo que está pensando, y con quién habla, justificó el gobernante.

Bush intenta ampliar y convertir en permanente una ley que expiró el 16 de febrero último.

Ante esa situación, la comunidad de inteligencia tiene que regirse por una normativa que data de 1972, mediante la cual para interceptar las conversaciones telefónicas es necesario contar con la autorización de un juez.

Además, debe existir una causa probable y una declaración jurada de un funcionario.

La nueva propuesta de la Casa Blanca ya fue aprobada por el Senado, e incluye otorgar inmunidad para las empresas de telecomunicaciones que interceptan las llamadas telefónicas y correos electrónicos de los norteamericanos por mandato oficial.

También concede a esas firmas protección retroactiva, lo cual impide que avancen unas 40 demandas abiertas por ciudadanos y organizaciones no gubernamentales.

Pero la propuesta del Ejecutivo no encuentra eco entre muchos demócratas en la Cámara de Representantes, quienes acusan a la administración republicana de usar el miedo a actos terroristas para violar los derechos constitucionales.

Al respecto, el senador Sheldon Whitehouse acusó días atrás al presidente de crear falsos miedos en la ciudadanía y generar una confrontación artificial para impulsar su proyecto.