El 16 de abril de l869, en un humilde poblado llamado Guáimaro en
el oriente del pais, iniciaba la Cámara de Representantes (parlamento
mambí) su obra legislativa, compuesta por una pléyade de patriotas
como Carlos Manuel de Céspedes, Ignacio Agramonte, José Joaquín Palma,
Eduardo Machado, Antonio Zambrana y otros, quienes dedicaron sus
esfuerzos a dotar a la contienda emancipadora de una estructura
institucional, fijando los principios de la política de la guerra y
las bases democráticas de la República en Armas, con garantías para
las libertades y los derechos esenciales del hombre.
En las dos guerras de independencia protagonizadas por nuestros
mambises (1868 - 1878 y 1895 - 1898), esta actitud de respeto a las
instituciones - aún en medio de los cruentos combates - , estará
siempre presente.
Ello lo denota el hecho de que durante ese tiempo se hayan
proclamado cuatro constituciones, tres de ellas en poblados de la
provincia camagueyana (la de Guáimaro, en 1869; la de Jimaguayú, en
1895; la de La Yaya en 1897) asentarían iguales principios, aunque
cada una con más amplitud y adecuada a los acontecimientos y
tendencias de la época, en cuanto a declarar la lucha revolucionaria
como única vía para lograr la absoluta independencia e instaurar una
república soberana.
La otra fue adoptada en los angustiosos días del mes de marzo de
1878, luego de la viril actitud del General Antonio Maceo en su
enérgica Protesta de Baraguá ante el carácter capitulador del Pacto
del Zanjón. Esta Constitución, conocida por el nombre de Baraguá, daba
fundamento jurídico a la esencia misma de la histórica protesta, al
plantear que la paz sólo se podría hacer sobre las bases de la
independencia.
La intervención norteamericana en el conflicto hispano - cubano,
despojó a los mambises de su merecida victoria conquistada al filo del
machete en las maniguales llamas, como acto filibustero de nuevo tipo,
propio del imperialismo norteamericano emergente.
El 20 de mayo de 1902 le es concedida a Cuba la independencia
formal con una enmienda constitucional impuesta por el Congreso
Norteamericano (la Enmienda Platt ), que entre otras cosas confería a
Estados Unidos el derecho de intervenir en su territorio cuando le
viniera en ganas y con una base naval yanqui.
El sarcasmo de aquella república no podía ser mayor. Estados Unidos
se arrogaba el derecho a intervenir y obligaba al Gobierno de la isla
a consultar las principales decisiones, mientras la Constitución
puesta en vigor por la orden 181 del gobernador militar yanqui en
1901, decía en su primer artículo que:
"El pueblo de Cuba se constituye en Estado independiente y soberano
y adopta como forma de gobierno la República."
Y, en su artículo 43, planteaba:
"Que la soberanía reside en el pueblo de Cuba y de éste dimanan
todos los poderes públicos."
En medio de esas ficciones, fue constituido el Congreso con el
Senado y la Cámara de Representantes; quedó elegido el Presidente de
la República y se creó el andamiaje de la neocolonia.
Pero la República nacía frustrada. Los privilegios de casta y
riqueza desnaturalizaron todos los anhelos de Céspedes, Agramonte,
Gómez, Maceo y José Martí, el más avanzado y capaz de los
libertadores, organizador y guía de la guerra libertadora de 1895.
Surgieron partidos políticos corrompidos, se constituyó una policía de
delación y un ejército de opresión que encontraron en el Gobierno
norteamericano un eficaz proveedor de fondos y armamentos para
reprimir al pueblo; se instituyó un poder judicial dedicado a servir
al mejor postor; proliferó una prensa servil.
Muestra inequívoca de ello es el hecho de que aquel primer congreso
republicano, como primer decreto, autorizó al ejecutivo para contratar
un empréstito de 35 000 000 de pesos que se destinarían al pago de los
veteranos del Ejército Libertador. La codicia montó enseguida una
monstruosa maquinaria de expoliación y usura; sólo la mitad de
aquellos fondos se destinarían a esos fines, el resto enriquecería las
arcas de aquella plaga de flamantes politiqueros del garrote.
La corrupción llegó a un clímax inimaginable. El latrocinio, la
exacción, el fraude y la estafa, fueron como el pan nuestro de cada
día en aquel mundo gansteril que surgió con la República misma, desde
Estrada Palma en 1902, hasta Fulgencio Batista, en 1958.
Los políticos, lo mismo senadores que representantes, conocidos
despectivamente como "manengues", fueron comprados a través de la
participación en contratos, en la lotería o en jugosos negocios como
la proliferación de la cadena hotelera que pretendía instaurar la
mafia norteamericana en la capital de la Isla, siendo copartícipes en
la responsabilidad criminal de las devastadoras dictaduras que
enlutaron a miles de hogares cubanos con sus brutales métodos.
Entre los sucesos significativos que sobresalieron en ese medio
siglo, se debe mencionar la acción renovadora de los líderes
revolucionarios Julio Antonio Mella y Rubén Martínez Villena, y la
digna actitud revolucionaria de Antonio Guiteras en la década del 30,
después de la victoria popular que dio al traste con la sangrienta
tiranía de Gerardo Machado , Guiteras, quien al frente del Ministerio
de Gobernación, en un intento por redimir la hombradía de los que
cayeron en el combate independentista, decretó las medidas más
radicales de esa seudorepública, entre ellas la nacionalización de
empresas monopolistas norteamericanas.
El apoyo yanqui al archicriminal Fulgencio Batista, en contubernio
con los partidos políticos, tronchó aquellas hermosas páginas de
dignidad. Pronto Guiteras quedó desplazado, fueron restituidas las
propiedades norteamericanas y los sicarios montaron una persecución
implacable hasta cercenar la vida de aquel revolucionario, cuando se
disponía a partir hacia el extranjero para preparar la lucha armada de
la nueva Revolución.
El otro acontecimiento significativo lo escenificaron entre 1939 y
1940 los pocos representantes progresistas de la Asamblea
Constituyente que obligaron a los restantes representantes a adoptar
una Constitución que en su letra significó un paso de avance, pero que
de los textos no pasó nunca; para cumplir sus preceptos hacía falta
una Revolución, una carga al machete, como pedía el poeta y destacado
revolucionario Rubén Martínez Villena, para acabar con los bribones.
Esa fue la que comenzó en 1953, bajo la suprema jefatura de Fidel
Castro, en el Moncada, continuó con el desembarco del yate "Granma" en
1956 y triunfó después de una heroica y abnegada lucha en los campos y
ciudades en la aurora del Primero de Enero de 1959.
La institucionalización de la Revolución comenzó desde el mismo
momento en que se desbarató todo el sistema de la seudorepública, aún
cuando el Gobierno Revolucionario cumpliera funciones con cierto grado
de provisionalidad durante sus primeros 15 años de existencia.
Como explicó el compañero Fidel Castro en el Primer Congreso del
Partido:
"La Revolución no se apresuró en dotar al país de formas estatales
definitivas. No se trataba simplemente de cubrir un expediente sino de
crear instituciones sólidas, bien meditadas y duraderas que
respondieran a las realidades del país."
Esos años (1959 a 1975) se caracterizaron por una situación de
cambios revolucionarios profundos, radicales y acelerados, donde
también fue preciso enfrentar las sucesivas y cada vez más violentas
agresiones por parte del imperialismo y de la contrarrevolución
interna.
Para desenvolverse en esta coyuntura y encarar las tareas del
momento, se requería de un aparato estatal ágil, operativo y eficaz,
que ejerciera la representación del pueblo trabajador y que pudiese
tomar decisiones rápidas, sin muchas dilaciones.
El Gobierno Revolucionario al concentrar en sí las facultades
legislativas, ejecutivas y administrativas, cumplió adecuadamente sus
funciones en toda la primera fase de lucha por la supervivencia: dictó
las leyes revolucionarias, expropió a los explotadores, desarrolló
básicas mutaciones sociales, llevó a cabo con éxito la lucha política
frente a las agresiones externas e internas. Apoyado masivamente por
el pueblo, el Gobierno Revolucionario impulsó en este período vastas y
hondas transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales
en la vida cubana.
Es incuestionable que no hay posiblemente otro caso en la historia,
en que la dirección de una revolución haya contado con un apoyo tan
efectivo y total del pueblo, con una confianza y un entusiasmo
revolucionario inagotables e incesantes por parte de la población, con
una unidad tan completa como la que ha ofrecido el pueblo cubano a sus
dirigentes y, especialmente, a su líder, el Comandante en Jefe Fidel
Castro.
En 1974, el Gobierno tomo la decisión de llevar a cabo en la
provincia de Matanzas, en el occidente de la isla, una experiencia
sobre el establecimiento de los órganos del Poder Popular en las
localidades.
Esta experiencia tuvo por objetivo confirmar toda una serie de
criterios referidos a formas metodológicas para el mejor
funcionamiento de las instituciones representativas del Estado, así
como sobre cuestiones demográficas, territoriales y, entre otras
relaciones, las relaciones administrativas y empresariales.
Desde el comienzo de su aplicación, se pudo observar una activisima
participación de la ciudadanía en las tareas del gobierno local y en
el control de la administración, así como en la búsqueda de soluciones
para los problemas que más gravitaban sobre la colectividad.
Los frutos de aquella experiencia se materializaron en las
decisiones adoptadas para vertebrar todo el sistema de instituciones
representativas estatales que culmino con la creación de los Organos
del Poder Popular en los 169 municipios y las 14 provincias en que se
divide el pais.
El 10 y el 17 de octubre de 1976, en primera y segunda vueltas
electorales, el 95,2 % de todos los cubanos mayores de 16 años,
mediante voto secreto y directo en las urnas, eligieron de entre mas
de 30 000 candidatos a los 10 725 delegados (concejales) a las 169
asambleas municipales del Poder Popular (ayuntamientos).
Posteriormente, con la constitución de la Asamblea Nacional del
Poder Popular el 2 de Diciembre de 1976, la elección del Consejo de
Estado, su Presidente y Vicepresidentes, y la designación del Consejo
de Ministros, se fortaleció la esencia democrática de la Revolución al
ponerse en marcha formas más efectivas de participación en la vida
pública, las cuales hicieron posible una intervención màs directa de
los ciudadanos en la dirección de los asuntos del Estado y de todas
las actividades de la sociedad.