Un equipo integrado por ocho fiscales y varios agentes del Buró Federal de Investigaciones realiza un viaje de dos semanas a Bagdad, con el propósito de entrevistar a testigos presenciales y buscar evidencias en la escena de la masacre.

De acuerdo con los expertos, ésta pudiera ser la última fase del proceso legal en curso contra la compañía privada encargada de tareas de seguridad, causa criminal boicoteada por el gobierno de Estados Unidos.

La Administración del presidente George W. Bush prometió en reiteradas ocasiones inmunidad a los efectivos de Blackwater involucrados en esa matanza y en otras acciones contra la población civil de la nación árabe.

Inmediatamente después de la balacera del 16 de septiembre de 2007 en la plaza Nisoor de la capital iraquí, decenas de ciudadanos aseguraron que los paramilitares, integrantes de un convoy, abrieron fuego sin provocación previa.

Los testimonios de los presentes en el área fueron ratificados por pesquisas separadas del Departamento de Defensa de Estados Unidos y el gobierno de Iraq, a pesar de reportes preliminares del propio Pentágono que justificaban el hecho bajo el argumento de que era en respuesta a un ataque insurgente.

En noviembre del año pasado comenzó la indagación federal, bajo la cual se entrevistaron unos 30 testigos, incluyendo el personal de la organización encartada.

Según soldados estadounidenses, helicópteros y vehículos de combate de Blackwater lanzaron gases lacrimógenos en zonas pobladas del país del golfo Pérsico, con el simple pretexto de despejar el tránsito al paso de sus caravanas.

Grupos internacionales defensores de los derechos humanos y juristas como Scott Silliman, directivo de la Universidad de Duke, insisten en la impunidad con que esta entidad actúa al margen de la legalidad.