El alto costo de la guerra sigue cobrando vidas.

El clima de relativa calma logrado en el último trimestre del 2007 en Iraq no tuvo como causa fundamental el incremento de las fuerzas invasoras ni la aplicación de nuevas tácticas militares contrainsurgentes. Fue la combinación de estas con una fuerte actividad política de EE.UU. la que permitió lograr tenues acuerdos de alto el fuego con diferentes grupos confesionales iraquíes junto al compromiso de ayuda de países vecinos preocupados por el incremento de la violencia en ese país.

Con dinero y promesas sobre la base de la explotación del petróleo iraquí la Casa Blanca creyó que podría comprar la ayuda, o al menos la neutralidad, de algunos grupos de la resistencia.

Sin embargo, aunque muchos han negociado con EE.UU. en busca de diversos objetivos, el rechazo que experimentaron los ocupantes en enero ratifica que existe una resistencia dispuesta a combatir al agresor extranjero y a sus colaboradores.

Pero EE.UU. no solo busca la estabilidad y la disminución de las bajas. La Casa Blanca está preocupada por la nueva reconfiguración geopolítica que se asoma en el horizonte del Oriente Medio. La consolidación de Irán como potencia emergente en la zona mantiene en vilo a la superpotencia que teme que se dañe la hegemonía en esa estratégica región.

Por esta razón, la administración Bush y sus aparatos de inteligencia, se emplearon a fondo para intentar lograr dentro de Iraq un equilibrio de fuerzas entre los grupos confesionales que le permita frenar amenazas, mantener el control de la situación y seguir siendo el centro en torno al cual giren todas las decisiones.

Entre las medidas impulsadas está la creación de las llamadas Fuerzas del Despertar, milicia de corte tribal que cuenta, según el Pentágono, con cerca de 80 000 efectivos de mayoría sunita que reciben, cada uno, cerca de 300 dólares mensuales del contribuyente estadounidense.

El gobierno de mayoría chiita de Nuri Al Maliki, que en noviembre del 2007 integró a 18 000 milicianos chiitas y kurdos a las unidades oficiales, manifestó su rechazo a las Fuerzas del Despertar, mientras que el ministro de Defensa, Abdul Qadir Al Obaidi, afirmó que no se le dará legitimidad ni se le permitirá contar con infraestructura.

De forma paralela, y en clara muestra de su empeño, Washington impuso la aprobación en el Parlamento iraquí de la Ley de Justicia y la Transparencia que permite a ex miembros del partido BAAS y a ex funcionarios del antiguo gobierno del presidente Saddam Hussein, mayoritariamente sunitas, volver a ocupar cargos públicos si están libres de acusaciones por crímenes.

Esta situación, lejos de garantizar la paz, aviva los enfrentamientos inter e intraconfesionales en los planos político y militar. Así lo demuestran los atentados contra objetivos civiles y religiosos y los atropellos que determinadas milicias cometen bajo el amparo de los soldados estadounidenses.

En lo inmediato no se vislumbra un declive de la violencia. Las pugnas confesionales con el fin de ganar espacios de poder continuarán, así como el enfrentamiento directo a los ocupantes.

Por su parte, EE.UU. mantiene su accionar a favor de la guerra. Recientemente el presidente Bush pidió al Congreso una partida millonaria para financiarla y ya suman 440 000 millones lo gastado en ese conflicto, más del doble de lo previsto, sin valorar lo más lamentable, la estela de destrucción y muerte que ha dejado.

Es por ello que sonó hueca y electorera la promesa hecha por Bush durante su gira por la región sobre la posibilidad de retornar al territorio norteamericano a 20 000 soldados, siempre que los "progresos" lo permitieran.