Esta proposición fue realizada por los miembros de la mesa cinco de la Asamblea Constituyente tras recoger opiniones de más de 600 delegados de organizaciones ciudadanas, populares, campesinas e indígenas.

El texto entregado y difundido en Ciudad Alfaro, sede la Constituyente, revela que el preciado líquido es un patrimonio nacional estratégico de uso público y la sociedad estará comprometida a preservar, acrecentar y mejorar los caudales ecológicos.

El Estado deberá garantizar el ejercicio de este derecho basado en un principio de equidad social y será el responsable directo de la administración y gestión pública de los recursos hídricos, refleja el documento.

Esa mesa de Recursos naturales y Biodiversidad propone además que sean revertidas al gobierno las concesiones que no cumplan con las normas, contaminen al agua o no sean correctamente utilizadas.

De esta forma se busca acabar con las políticas neoliberales, aplicadas desde los años 90 que debilitaron los controles sobre ese recurso natural y hasta facilitaron su privatización.

Además de este tema, esta comisión recibió la víspera la visita del ministro de Energía, Minas y Petróleo, Galo Chiriboga, quien expuso sus criterios sobre la explotación minera en el país.

A diferencia de grupos ecológicas y comunidades indígenas que reclaman la no extracción de minerales, Chiriboga abogó por crear un marco jurídico nuevo que permita el desarrollo de esta actividad bajo estrictos controles ambientales, sociales y una participación del Estado.

Puntualizó que al momento existen en el país cinco mil 167 concesiones mineras, de ellas cuatro mil 607 están proceso de inició de extracción y otros 560 ya se encuentran en explotación.