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La estrategia de Venezuela frente a Exxon Mobil en el arbitraje por el
antiguo proyecto Cerro Negro refleja hoy la defensa de la soberanía,
apoyada en leyes que avalan el control del Estado sobre los recursos
naturales.
Diversos expertos coinciden en ello y en que las presiones de la
transnacional estadounidense apuntan al cuestionamiento de las
decisiones de un gobierno para asumir la gestión mayoritaria de un
rubro clave como son los hidrocarburos.
En este caso las acciones de la firma norteamericana apuntan a la
estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), con el propósito de
lograr medidas cautelares para congelar activos de la empresa por 12
mil millones de dólares.
Esa suma contrasta con el valor real de los bienes de la
corporación venezolana, estimados en 107 mil millones de dólares al
cierre del pasado ejercicio fiscal.
Para la ex magistrada Hildegard Rondón, Venezuela tiene la facultad
de ejercer su derecho sobre los recursos naturales, lo cual constituye
un acto de soberanía.
Sobre los argumentos de Exxon en cuanto a una supuesta
discriminación respecto a la migración a la figura de empresas mixtas,
recordó que el trato fue similar para todas las entidades.
Prueba de ello es que la mayoría de las compañías aceptaron el
cambio, entre ellas Chevron (Estados Unidos), Total (Francia) y
British Petroleum, e incluso con varias se acordaron las
compensaciones correspondientes.
Por la figura del arbitraje optaron Conoco Phillips y Exxon Mobil,
en tanto con la primera de ellas las conversaciones avanzan hacia una
posición aceptada por ambas partes.
La política de plena soberanía petrolera dejó en manos del gobierno
recursos que anteriormente escapaban del país, pues se ajustaron al
alza los pagos por regalías y del Impuesto Sobre la Renta.