La nueva ley de telecomunicaciones abre a las concesiones
privadas la telefonía celular e IP, los servicios de Internet y las
redes privadas, que ha administrado en forma exclusiva el estatal
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
El proyecto era uno de los más polémicos de la agenda de
implementación, que es objetada por el Partido Acción Ciudadana, el
principal de oposición, así como por miles de ciudadanos.
Los ingresos generados por el ICE están entre los principales
para el Estado costarricense y hasta ahora habían contribuido al
financiamiento de programas sociales que podrían verse comprometidos
con la aprobada política de privatización, según los opositores al
TLC.
Costa Rica aprobó cerradamente el TLC con Estados Unidos en un
referendo celebrado el pasado 7 de octubre, pero la agenda de
implementación tiene que ser aprobada por los diputados.
El Partido Acción Ciudadana (PAC) alega que los proyectos de esta
agenda sobrepasan ampliamente los alcances del TLC, por lo cual ha
presentado gran número de mociones que hacen lento el avance del
proceso legislativo.
El asesor legislativo del PAC, Juan Carlos Mendoza, aseguró a la
AFP que la nueva ley provocará un aumento de las tarifas en los
servicios de telecomunicaciones, y pondrá estas fuera del alcance de
un importante sector de la población.