El informe elaborado fija un techo máximo de 60 mil dólares como indemnización para los trabajadores estatales en caso de despido intempestivo, con lo cual se esclarece uno de los temas pendiente del mandato 02, aprobado anteriormente.

Contiene cuatro artículos y como punto principal aparece la erradicación de privilegios y abusos en el pago de indemnizaciones, bonificaciones o contribuciones por terminación de relaciones individuales de trabajo.

La asambleísta de Alianza País María Paula Romo resaltó que esta disposición establece que el monto tope de liquidación sea el equivalente a 300 salarios básicos, es decir, 60 mil dólares.

Puntualizó que en este grupo se incluirían también quienes tengan definidos otros montos en contratos colectivos firmados previamente.

De esta forma, "terminaremos con las indemnizaciones doradas existentes en el país", aseveró.

De sancionarse este martes, la nueva legislación entrará en vigencia de inmediato y ninguna autoridad o juez podrá ordenar el pago de una indemnización bajo la figura de despido intempestivo por un monto superior al determinado.