La Asamblea Constituyente
ecuatoriana retoma hoy el análisis de la Ley de Recursos Petroleros,
tras recibir 26 observaciones de miembros de varias mesas de
trabajo.
La comisión de Legislación examinará las propuestas entregadas
que se agregaron al proyecto de ley enviado por el gobierno.
Según la propuesta gubernamental, se busca recuperar dos mil 500
millones de dólares para la inversión productiva, lo cual significa
eliminar los fondos de ahorros vigentes, que impiden usar parte de
los ingresos por la venta de crudo.
Cesar Rodríguez, jefe de la mesa 10 de Legislación, señaló que
esto no significa que dichos recursos sean usados para cualquier
contingencia.
Puntualizó que trabajan para limitar la capacidad de empleo de
ese dinero y sea utilizado exclusivamente en la inversión; es decir,
ningún gasto de operación del Estado se realizará con los ingresos
obtenidos por la venta de petróleo.
Estos fondos serán de capital y permitirán al gobierno usarlo y
no tener que acudir a préstamos de los organismos crediticios
internacionales, subrayó.
Además de este tema, la mesa 10 discute igualmente esta semana
los proyectos de leyes de Tránsito y de Minas, y mañana se realizará
una sesión plenaria de la Asamblea para debatir y aprobar el mandato
004, el cual constituye una modificación del 002.
El informe elaborado fija un techo máximo de 60 mil dólares como
indemnización para los trabajadores y servidores públicos en caso de
despido intempestivo.
Contiene cuatro artículos y como punto principal aparece la
erradicación de privilegios y abusos en el pago de indemnizaciones,
bonificaciones o contribuciones por terminación de relaciones
individuales de trabajo.
De sancionarse este martes, esa legislación entrará en vigencia
de inmediato y ninguna autoridad o juez podrá ordenar el pago de una
indemnización bajo la figura de despido intempestivo por un monto
superior al establecido.