A 15 años de la finalización de la guerra civil en El Salvador (1980-1992), activistas y expertos afirman que la policía ha retomado sus "prácticas del pasado", de violación de los derechos más elementales de las personas.

Creada en el marco de los acuerdos de paz, la policía fue concebida como una fuerza de seguridad de carácter civil y protectora de los derechos básicos, que contribuiría a consolidar el inédito proceso democrático.

Los analistas indican que el retroceso se debe a un "proceso de desnaturalización" hacia el interior de la Policía Nacional Civil (PNC), que ha facilitado la imposición de las visiones militaristas y represivas sobre la doctrina inicial, principalmente porque muchos de los actuales jefes provienen del ejército y de las antiguas "fuerzas de seguridad".

Oscar Luna, procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, señaló que en un inicio la PNC prometía respetarlos. Junto con la Academia Nacional de Seguridad Pública, encargada de formar a los policías, y la Inspectoría General, organismo de control de la nueva fuerza, "daban confianza a la población" por su lucha contra la delincuencia y por los mecanismos de supervisión interna.

Ya no es así, agregó, dado que "muchas de sus actuaciones son contrarias a la doctrina y principios" que animaron su creación.

"Las denuncias de violaciones a los derechos humanos y el hecho de que muchos de sus miembros se han visto involucrados en delitos comunes han generado desconfianza en la población", dijo Luna a IPS.

Durante el 2007, la Procuraduría recibió 2 779 denuncias de violaciones a los derechos humanos, 67 por ciento de ellas apuntaron a miembros de la PNC. Incluyen malos tratos, uso excesivo de la fuerza y abuso de poder, detenciones ilegales y arbitrarias.

En los años 70 y 80, las fuerzas de seguridad encabezadas entonces por el ya fallecido mayor Roberto d’Abuisson, fundador de la hoy gobernante y derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), fueron responsables de secuestros, torturas y asesinatos de miles de campesinos, maestros, sacerdotes y estudiantes, durante una lucha sangrienta contra organizaciones de izquierda.

La actual PNC fue creada por el acuerdo de paz firmado en enero de 1992 en México entre el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), de Arena, y la guerrilla del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hoy convertido en partido político.

La guerra civil de 12 años dejó unos 75 000 muertos, 8 000 desaparecidos y alrededor de 50 000 lisiados.

El acuerdo, facilitado y verificado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), establecía que la policía tendría una doctrina "civilista y democrática", sería garante del "libre ejercicio de los derechos y las libertades" y no podría "infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".

En los últimos 10 años, decenas de policías han sido detenidos y condenados por estar involucrados en secuestros, robos, homicidios y por su participación en "grupos de exterminio".

Uno de estos casos es el del sargento Nelson Arriaza, quien a fines de enero fue condenado a 30 años de cárcel por comandar un grupo de sicarios.

Arriaza, junto a otros dos policías y un civil, fue capturado después de asesinar a un campesino en septiembre del 2007.

Durante el acto de conmemoración de los 15 años de la PNC, el inspector general de esta fuerza, Romeo Granillo, dijo que, si bien muchos policías han participado en "hechos delictivos", estos ya han sido "depurados".

"No permitiremos delincuentes dentro del cuerpo policial", aseguró Granillo. En el 2006, según cifras de la Inspectoría, 400 agentes y oficiales fueron destituidos por faltas graves, que incluyeron delitos como extorsión, robos y secuestros.

El abogado Jaime Martínez, del Consejo Latinoamericano del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, reconoció que la PNC aún conserva algunas diferencias fundamentales con los anteriores cuerpos de seguridad, pero advirtió que "lamentablemente" enfrenta "francos retrocesos", que la llevan a prácticas propias del pasado.

Martínez, quien ha investigado la evolución de la PNC, recordó que en los años 90 la misión de verificación de la ONU en El Salvador documentó que esa fuerza ya mostraba una "tendencia hacia la militarización".

En los dos últimos gobiernos de Arena, los del ex presidente Francisco Flores (1999-2004) y el actual mandatario Antonio Saca, se han implementado los planes Mano Dura y Súper Mano Dura, respectivamente, dirigidos principalmente contra las pandillas juveniles, aunque analistas aseguran que no han tenido la efectividad publicitada.

Sin embargo, la tasa de asesinatos en El Salvador pasó de 32 casos por cada 100 000 habitantes en el 2003 a 57 en el 2006, una de las más altas de América Latina y del mundo.

Estas estrategias, afirmó Martínez, intentaron reemplazar, sin éxito, la "falta de eficacia en la investigación y el uso de la inteligencia policial" para enfrentar la delincuencia.

La PNC, agregó, carga con el "lastre" de una "visión represiva y un sesgo partidario", que la somete a los designios del gobierno y no le ha permitido implementar una "política de seguridad pública", tal como fue establecido en el acuerdo de paz.