La noticia está fresca: tres compinches del terrorista Luis Posada Carriles fueron sentenciados, en un proceso que se desarrolló en El Paso, Texas, a leves penas de cárcel por no testificar contra su socio, el autor —entre otros crímenes— de la voladura de un avión civil cubano que costó la vida a 73 personas en 1976.

Santiago Álvarez (izq.), Osvaldo Mitat y José Hilario Pujol. Detrás, el Santrina.

Santiago Álvarez, Osvaldo Mitat y Ernesto Abreu se habían declarado culpables de obstrucción de la justicia el año pasado por negarse a hablar ante un jurado investigador que averiguaba si Posada Carriles le mintió a las autoridades federales a fin de obtener la ciudadanía estadounidense.

Los fiscales presentaron como parte de las pruebas dos grabaciones en las que Álvarez, desde un centro penitenciario en Florida, instruía a Abreu y a Rubén López Castro, otro colaborador de Posada, a no declarar sobre el viaje en el barco Santrina para "salvar a Luis".

La defensa de Álvarez solicitó al juez que lo sentenciara a menos de 12 meses, porque una condena mayor dificultaría la posibilidad de que el "empresario" de origen cubano pudiera acogerse a la Convención Internacional contra la Tortura y evitar ser, según ellos, enviado a Cuba.

Un hecho paradójico que ocurre en momentos en que la Casa Blanca admite por vez primera que utilizó el "submarino" o "ahogamiento simulado" en los interrogatorios contra presuntos terroristas, práctica que la comunidad internacional condena y califica como tortura.

Pero no nos llamemos a engaño. Una vez más se pone de manifiesto la protección que brinda el gobierno de Estados Unidos a los terroristas de Miami —sus terroristas—. Es sintomático además, observar lo rápido que se deciden los pleitos para unos —artilugios y marañas de sobra—, mientras para otros, como los Cinco antiterroristas cubanos, el limbo legal se extiende ante una justicia con ceguera.