Según un comunicado del Comité Nacional por la Libertad de los Cinco, las exposiciones el 12 y 13 de febrero estarán a cargo del abogado Leonard Weinglass, integrante de la defensa de los prisioneros políticos, y Gloria La Riva, miembro del comité norteamericano que exige su excarcelación.

"El Gremio de Abogados de Vermont cree que el conocimiento y la participación en la lucha por la justicia hará del mundo un lugar mejor para todos. Como se dice, un mundo mejor es posible", señala la convocatoria de la agrupación.

Los miembros de La Escuela de Leyes de Vermont del Gremio Nacional de Abogados, han venido trabajando arduamente de educar y motivar la comunidad estudiantil de la escuela de leyes sobre el caso de los cinco, precisa el comunicado.

Desde el 12 de septiembre de 1998, Fernando González, Antonio Guerrero, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y René González permanecen en prisiones estadounidenses por el sólo hecho de informar a su país sobre acciones terroristas preparadas en La Florida.

Las penas oscilan desde 15 años de cárcel hasta doble cadena perpetua, esta última a Gerardo Hernández.

El 20 de agosto último, la defensa de los patriotas cubanos compareció en una audiencia en el onceno circuito de la Corte de Apelaciones de Atlanta, donde denunció las manipulaciones políticas del caso.

Los abogados rebatieron la Causa número 3 contra Hernández, que alega una conspiración para cometer asesinato, sin argumentos suficientes desde el punto de vista legal.

El gobierno norteamericano reconoció que sus pruebas eran muy frágiles y no podían apuntalar esa acusación.

Otro aspecto denunciado en la audiencia fue la mala conducta en el proceso judicial, particularmente la del fiscal estadounidense John Kastrenakes en su alegato conclusivo ante el jurado.

Este discurso final está constreñido por reglas muy precisas, que prohíben al magistrado argumentar más allá del alcance de la evidencia y Kastrenakes sobrepasó los límites del propio alegato.

El tercer argumento rebatido fueron las sentencias de Hernández, Guerrero y Labañino, condenados a cadena perpetua, pese a que no se trataba de un caso de seguridad nacional.