Los productores nacionales ocuparon el palacio municipal de Candelaria y demandaron de la Procuraduría Agraria impedir la materialización de ese proyecto el cual beneficiaría a la transnacional Goleen Gate.

Ellos señalaron que se trata de una privatización encubierta y al deforestarse la zona como está planteado serian desalojados y quedarían sin trabajo los habitantes de, por lo menos, 30 comunidades asentadas en el lugar.

Aunque el Tribunal Agrario ordenó detener el proceso de renta hasta revisar su marco legal, los trabajadores rurales denunciaron agresiones y expulsiones sufridas por su posición.