Las medidas, algunas ya anunciadas hace un mes y reforzadas
ahora, contemplan un refuerzo de la vigilancia con el envío de
policías y fiscales a la zona, el embargo de las tierras que fueron
deforestadas y la suspensión de todo financiamiento público a
quienes violan la ley ambiental, señala un reporte de AFP.
Las medidas pretenden aumentar la presión sobre los hacendados y
madereros, y también sobre las autoridades locales, con la
divulgación de una lista de los 36 municipios que concentran el 50%
de la deforestación, y donde se prohibirán nuevas talas, dijeron
miembros del gabinete ministerial en una rueda de prensa.
Las disposiciones fueron anunciadas tras una reunión convocada
por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para contener el
aumento de la deforestación, y que reunió a los ministros de Medio
Ambiente, Agricultura, Justicia, Defensa, Desarrollo Agrario,
Ciencia y Tecnología y al jefe de la Policía Federal.
"Lo que se pretende es instalar en la Amazonía un proceso
permanente de control", dijo el secretario general del Ministerio de
Medio Ambiente, Joao Paulo Capobianco.
El alerta se encendió el miércoles al detectarse en la Amazonía
un aumento de la tala de árboles entre agosto y diciembre, cuando se
calcula que fueron devastados 7 000 kilómetros cuadrados, de los
cuales más de la mitad (4 000 kilómetros cuadrados) en noviembre y
diciembre, los meses más lluviosos y tradicionalmente de escasa
incidencia para ese problema.