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Abogados de uno de los prisioneros de la cárcel de Guantánamo aseguran
que la CIA mintió al decir que sólo un pequeño número de reos fue
sometido a severos interrogatorios, informó el sábado The New York
Times.
En declaraciones al diario, la defensa del paquistaní Majid Khan
afirmó también que es falso que la Agencia Central de Inteligencia
(CIA) grabó únicamente dos sesiones de interrogatorios en 2002, cintas
que con posterioridad fueron destruidas por oficiales de ese servicio.
Los abogados del preso aseveran que el detenido fue sometido a
duras jornadas de preguntas y respuestas, en las cuales fue torturado,
verdad que los funcionarios del espionaje norteamericano se niegan a
reconocer.
De acuerdo con documentos de una corte citados por los letrados,
esos interrogatorios quedaron grabados, afirmación que echa por tierra
las alegaciones de la CIA en diciembre último cuando dijo que sus
agentes sólo captaron imágenes en dos oportunidades, ninguna
relacionada con Khan.
Según el director de la agencia, Michael Hayden, las filmaciones
corresponden a dos presuntos miembros de la organización Al Qaeda, Abu
Zubaydah y Abd al-Rahim al-Nashiri.
En días recientes, The New York Times instó a la justicia
estadounidense a desenmascarar a los oficiales de la CIA o los
funcionarios de la Casa Blanca responsables de la destrucción de los
videos sobre las torturas.
El influyente diario urgió al Departamento de Justicia a explicar
las imágenes que estaban en las cintas y a esclarecer cómo llegaron a
ser desechas.
"Los videos sobre interrogatorios a dos miembros de Al Qaeda en
2002 pueden ser la evidencia de un delito —la tortura—, cometido con
la autorización del Presidente", señaló el rotativo.
En opinión del Times, la orden de destrucción de las cintas parece
ser más un maniobra de la administración del presidente George W Bush
para encubrir muchos de los abusos en los que ha estado inmersa en
nombre de la lucha contra el terrorismo.
El Departamento de Justicia anunció a inicios de este mes una
investigación acerca de las cintas.
Según informó el procurador general, Michael B. Mukasey, al frente
de la pesquisa fue designado John Durham, un fiscal federal de
Connecticut.