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Acumulación de desechos pone en crisis a Italia

ROMA, 4 de enero (PL). — Un incompleto e ineficiente sistema de recogida y eliminación de desechos urbanos, controlado además por la mafia local, la Camorra, tiene hoy en emergencia a la región meridional italiana de Campania y a Nápoles, su capital.

La crisis llegó este viernes a tal nivel que los vecinos del barrio napolitano de Pianura incendiaron cuatro buses urbanos y bloquearon algunas carreteras de acceso en protesta contra la reapertura de un basurero cerrado hace 11 años.

El vertedero fue reabierto por órdenes del nuevo comisario nombrado por el gobierno de Roma para enfrentar la situación, Umberto Cimino, dada la emergencia generada por miles de toneladas de desechos en las calles de Nápoles.

La acumulación de basura en esa ciudad y en toda la región es cíclica, se viene repitiendo desde hace 10 años y es atribuida a la falta de personal y de estructura para su recogida, eliminación y transformación, negocio en el que la Camorra está involucrada.

Sólo en Nápoles la producción diaria de residuos es de unas mil 400 toneladas, cifra que se eleva a siete mil toneladas en toda la Campania, región que apenas dispone de dos vertederos y siete plantas de procesamiento, según el diario local Il Mattino.

Los vecinos están quemando la basura acumulada, lo que implica no sólo la movilización de los bomberos, que ya pidieron ayuda a sus compañeros de otras ciudades, sino también la contaminación del ambiente, del agua y de los terrenos.

El presidente de Italia, Giorgio Napolitano, se declaró hoy "alarmado" ante la magnitud del problema, y urgió al gobierno a tomar iniciativas para su solución, en la que ya se comprometió el primer ministro Romano Prodi.

Las deficiencias italianas en disponer de sus residuos llevó a la Comisión Europea a abrir en junio pasado contra Italia un procedimiento de infracción de las indicaciones comunitarias al respecto.

Bruselas considera inadecuadas las plantas italianas para eliminar los desechos y aún espera respuesta de Roma seis meses después de iniciar la actuación judicial, cuya aplicación le acarreará fuertes multas y la perdida de fondos comunitarios.

 

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