Se trata de un acuerdo que precariza las condiciones económicas de los campesinos y de toda la población mexicana, apuntó, refiriéndose al documento suscrito por México con Estados Unidos y Canadá.

La entrada en vigor del capítulo octavo del Tratado permitió la eliminación de aranceles desde el primer día de este año a las importaciones de alimentos y otros productos estadounidenses y canadienses, fuertemente subsidiados.

Ello se considera por las organizaciones campesinas y sindicales que encabezan la protesta contra el TLCAN como la ruina para el agro mexicano imposibilitado de competir con esas producciones favorecidas por la ayuda gubernamental y alta técnica.

Miranda explicó que la petición de nulidad, además de presentarse ante la justicia local, debe consignarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tener más posibilidad de conseguir un fallo positivo.