En su última conferencia de prensa este año, Bush recordó que no fue hasta ayer que el parlamento aprobó el presupuesto solicitado por la Casa Blanca para mantener las tropas norteamericanas en el país árabe.

"El Congreso ha perdido mucho tiempo", lamentó el gobernante, en alusión a las bancadas demócratas en el Senado y la Cámara de Representantes, las cuales intentaron condicionar la asignación del dinero al establecimiento de un plan de retirada de las tropas.

Desde que concluyó el año fiscal 2007, el 30 de septiembre último, varios proyectos de ley impulsados por líderes del partido opositor establecieron un cronograma de repliegue, pero no prosperaron, amenazados por el veto del Presidente.

El mandatario también mostró disgusto con la postergación del debate de una controversial iniciativa, la cual prorroga la inmunidad a las empresas que participan en el programa de espionaje doméstico ordenado por la Casa Blanca.

La ley que concede prerrogativas a las compañías expira en febrero próximo, y la discusión del nuevo texto fue pospuesta para enero.

Los demócratas pretenden impulsar una contrapropuesta, auspiciada por el senador Patrick Leahy. El documento priva de inmunidad a las compañías de telecomunicaciones que apoyen el plan de escuchas establecido por Bush.

Referente al escándalo por la destrucción de videos de interrogatorios realizados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el gobernante dijo que no hablaría sobre el asunto hasta que finalicen las indagaciones sobre el caso.

"Sé que me van a preguntar mucho sobre este tema, pero no daré una opinion hasta que concluya la investigacion", indicó el jefe de Estado.

Un juez federal ordenó el martes último investigar si la administración Bush violó una orden judicial al autorizar la destrucción de videos sobre torturas a prisioneros por parte de la CIA.

El juez, Henry H. Kennedy, se negó a ceder ante los obstáculos puestos por el Departamento de Justicia para obstruir la pesquisa, y convocó a abogados de la fiscalía general a una audiencia este viernes.

En junio de 2005, Kennedy ordenó a la Casa Blanca salvaguardar todas las pruebas e informaciones concernientes a la tortura, malos tratos y abusos de los detenidos en la base naval estadounidense en Guantánamo.