El país dispone de una infraestructura hidráulica capaz de enfrentar fenómenos climáticos, y emprende un programa de inversiones para fortalecer y perfeccionar ese sistema, debido a que el 25% del territorio nacional es extremadamente vulnerable a eventos extremos.

Se rehabilitan las redes conductoras para evitar las fugas de agua por salideros.

Mientras unos 3 000 millones de personas en el mundo tienen el riesgo de quedar sin agua potable y alimentos, en nuestro país el 95% de la población tiene acceso a ese recurso, de solo 36% que se reportaba en 1959 al triunfar la Revolución.

Este avance en la infraestructura de los recursos hídricos se sustenta en el programa de Voluntad Hidráulica, orientado por el Comandante en Jefe Fidel Castro en agosto de 1962, cuando se creó el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH).

Los residentes de zonas urbanas y buena parte de los que radican en comunidades rurales tienen acceso a agua tratada, de ellos el 75% la recibe hasta el domicilio, mientras que el resto la recibe por carros cisterna o vive en las cercanías de una fuente de abasto.

Juan José Escudero, vicepresidente primero del Instituto, expuso que la capacidad de embalse actual asciende a unos 9 000 millones de me-tros cúbicos en 239 presas, además de otros 300 millones en microembalses.

Aymée Aguirre, vicepresidenta del INRH, aseguró que las obras que brindan seguridad ante fenómenos extremos, como intensas precipitaciones y sequía, se encuentran en buen estado técnico, pero desarrollan un plan de inversiones para mejorar las condiciones de embalses, obras reguladoras y canales que ofrecerá mayor garantía en el futuro.

Personal calificado para trabajar en condiciones extremas, sistema de alerta temprana y prevención hidrológica, integrado a la Defensa Civil; red de monitoreo que emite partes diarios y alerta sobre los problemas que puedan presentarse, fueron fortalezas señaladas por la ingeniera Aguirre.

Yoel Adán Quintana, director nacional de Acueductos y Alcantarillado, explicó que un 58% del agua bombeada diariamente se pierde como promedio debido a fugas en redes y al envejecimiento de los más de 20 700 kilómetros de tuberías.

Hay más de 17 000 salideros pendientes de solución, aún cuando cada año se suprimen más de 225 000, elevada cifra condicionada no solo por el mal estado de las redes, sino también en parte por trabajos incorrectos o de mala calidad.

El alto consumo actual de energía eléctrica en los equipos bombeadores se disminuirá, apuntó Quintana, con la instalación de más de 2 600 bombas ahorradoras, inversión de más de 40 millones de dólares, que posibilitará dejar de consumir 15 millones de pesos convertibles cada año.

Para rebajar gastos en las electrobombas se sustituyen más de 2 260 equipos en el sector doméstico y otros más de 8 900 en centros laborales, en un trabajo coordinado con el Instituto Nacional de la Vivienda para el sector residencial.

Quintana reconoció que han presentado algunos problemas en la desinfección del agua, debido al mal estado técnico de los medios empleados en la cloración. Para eliminar estas dificultades, explicó que compraron más de 4 500 plantas de tratamiento, de las cuales ya hay algunas instaladas y el resto se terminará de montar el año entrante.

Las inversiones en los sistemas de riego para minimizar el gasto de agua y energía en la agricultura fueron abordadas por Aymée Aguirre, quien señaló que ese sector consume el 60% del agua bombeada todos los años. Similares propósitos animan la adquisición de herrajes y otras medidas adoptadas en las instalaciones del Turismo, en otras industrias y centros laborales.

Quintana informó, además, que se dispondrá de más de 660 grupos electrógenos, para ser usados en situaciones de emergencia y mantener el abasto de agua a la población y a la economía en esas condiciones adversas.

Hoy, subrayó, la cobertura de saneamiento de nuestro país es una de las mayores en América Latina: abarca 10,6 millones de habitantes, lo cual representa el 95% de la población (56% por encima de lo que existía al triunfo de la Revolución).

Este servicio se presta de dos maneras fundamentales: los usuarios que están conectados directamente al alcantarillado (38,8% de la población) y los que evacuan el albañal a través de fosas o letrinas (56,3%).

Para ello se cuenta con una infraestructura compuesta por 126 estaciones de bombeo de alcantarillado, 3 996 kilómetros de colectores principales o secundarios, 304 sistemas de lagunas de estabilización, ocho plantas depuradoras y más de 840 000 fosas sépticas.

Anualmente, dijo, unos 637 millones de metros cúbicos de residuales son evacuados, se realizan cerca de 140 000 desobstrucciones con equipos especializados y con brigadas de mantenimiento que hay en todos los territorios, y se limpian 250 000 fosas (30% de las existentes) con carros especializados.

Aún así el programa resulta insuficiente. Precisó que están identificadas las principales dificultades: solo se trata el 30% de los albañales evacuados, hay obstrucciones en las redes, el parque de equipos no cubre la demanda y presenta continuas roturas, existen problemas organizativos, la limpieza de las fosas no se realiza en los plazos establecidos, lo cual provoca ma-lestar en la población. Además, existen más de 4 000 fosas vertiendo, ubicadas fundamentalmente en las provincias de Hol-guín, Las Tunas y Granma.

Quintana explicó que las soluciones son a mediano o largo plazo, pues las acciones que realizan requieren de un importante nivel de recursos. Trabajan, entre otras labores, en 57 lagunas de estabilización y dos plantas de tratamiento de residuales, conexiones de fo-sas al sistema de alcantarillado "siempre que sea posible" y en la adquisición de 61 nuevos equipos de desinfección.

Insistió en dar respuestas adecuadas a la población, aun cuando su problema no tenga solución inmediata, utilizar correctamente el horario extendido para efectuar el pago y buscar alternativas de cobro del servicio.

El ingeniero Jesús Hernández, vicepresidente del INRH, ratificó que existe la voluntad política de la dirección de la Revolución de resolver estos problemas; para ello ejecuta un amplio programa inversionista. Los recursos financieros destinados a este, dijo, se han incrementado de manera sostenida desde el año 2000 (77 millones de pesos) hasta cerrar el pasado mes de octubre con 171,6 millones. Existen las condiciones para que la cifra ascienda a 240 millones en el 2008.

Entre estas inversiones, mencionó la construcción de tres fábricas y siete líneas de producción ubicadas en Ciudad de La Habana, Ciego de Ávila y Holguín, para la fabricación de tuberías de polietileno de alta densidad, redes y obras de alcantarillado.

Desde el año 2000 hasta el cierre de octubre del 2007, se han ejecutado valores por 837,9 millones de pesos y concluido 947 obras en el país. Actualmente llevan adelante 63 obras de gran magnitud, entre ellas, el programa de rehabilitación y construcción del acueducto de Santiago de Cuba, y acciones similares en las ciudades de Las Tunas, Holguín, Camagüey y Ciudad de La Habana. También el mejoramiento de presas (20 terminadas y 15 en ejecución), obras que elevarán sustancialmente la calidad de vida de la población, dijo, pero son aún insuficientes.