De acuerdo a los manuscritos de todo el proceso original del fusilamiento de los ocho estudiantes de medicina y de las investigaciones posteriores realizadas a instancia del gobierno de Madrid para esclarecer todo lo sucedido antes y después de aquel fatídico 27 de noviembre de 1871, se puede afirmar casi categóricamente que todo el incidente fue creado artificialmente por el entonces Gobernador Político de La Habana, Dionisio López Roberts quien había sido destituido de su cargo ocho días antes por escandalosos y turbios manejos de extorsión a infelices chinos y prostitutas.

A esto se une una orientación gubernamental desde Madrid a las autoridades coloniales en la Isla de impedir a cualquier precio el triunfo de los independentistas cubanos que en el año de 1871 se encontraban en uno de los mejores momentos de la guerra iniciada el 10 de octubre de 1868 y evitar igualmente que el ejemplo de la Comuna de París en ese mismo periodo pudiera repetirse en Cuba.

Con esa situación creada, a mi juicio, el Gobernador Político de La Habana, Dionisio López Roberts ya destituido como hemos señalado anteriormente, con la intención de recuperar la confianza del gobierno español y dar muestra de lealtad suprema a su patria con el objetivo de que lo restituyeran en el cargo para seguir enriqueciéndose a costa del sufrido pueblo cubano, inventó la supuesta profanación de la tumba y restos del periodista asturiano Gonzalo de Castañón, quien había sido el propietario y director del periódico reaccionario al servicio de España y contra los independentistas cubanos denominado La voz de Cuba.

Fue él precisamente quien personalmente promovió el rumor de la supuesta profanación, y según los documentos históricos, fue también quien se dirigió al Cementerio de Espada, en La Habana y a la Cátedra del primer año de medicina que se encontraba al lado de la referida necrópolis, en los días correspondientes al 23, 24 y 25 de noviembre de 1871 tratando a toda costa e insistentemente y sin pruebas de inculpar a dichos estudiantes.

Interrogó al Capellán del Cementerio General de Espada, Presbítero Mariano Rodríguez Armenteros, Celador Vicente Coba y Quiza y al Conserje de esa institución y los tres declararon inocentes a los estudiantes. De igual modo se pronunciaron en defensa de sus alumnos del primer año de medicina los profesores de la Universidad Juan Manuel Sánchez de Bustamante y Domingo Fernández Cubas.

Pero como ya hemos indicado Dionisio López Roberts estaba decidido a poner en marcha su diabólico y criminal plan contra los inocentes estudiantes, pues hasta el propio hijo de Gonzalo de Castañón llamado Fernando cuando vino a La Habana para hacer la exhumación de los restos de su padre, en 1886, declaró públicamente que en ellos no había encontrado profanación alguna.

Por eso, al no encontrar apoyo alguno en las falsas acusaciones contra los estudiantes temprano en la mañana del 25 de noviembre acudió al cementerio antes mencionado, quizás con el propósito de realizar él mismo la profanación y luego inculpar con alevosía y cinismo a los propios estudiantes. Posteriormente visitó en el mismo día a los profesores y alumnos intentando nuevamente lograr sus objetivos. Pero como no encontró apoyo y sí rechazo total a sus acusaciones, pues decidió arrestar por la fuerza a un grupo de más de 40 estudiantes del primer año de la carrera de medicina quienes fueron encarcelados en la entonces Cárcel Nacional de La Habana, la cual se encontraba frente a la actual Embajada de España en nuestra capital y donde se conserva aún el calabozo donde José Martí guardó prisión por primera vez, en 1869.

Ya detenidos el 25 de noviembre los referidos estudiantes, cuya cifra total se menciona en los documentos en número de 45 y otras veces de 47, se produjo al otro día domingo 26, según los mismos documentos e informes, un desfile militar en La Habana con la participación de cerca de mil agentes del Cuerpo de Voluntarios. En esa misma ocasión el propio Dionisio López Roberts se encargó de informar sobre la detención de los estudiantes y de la supuesta profanación de la tumba del ídolo de estos, Gonzalo de Castañón. La provocación surtió el efecto deseado y aquellos sanguinarios Voluntarios defensores del régimen colonial español comenzaron, ya ebrios con motivo del desfile y la celebración que realizaban, a lanzar gritos de mueran los estudiantes, traidores e insurrectos.

Así en esa misma tarde del domingo 26 de noviembre con los ánimos y deseos de vengarse de los inocentes estudiantes que ya guardaban prisión, se dirigieron a la plazoleta de la Cárcel Nacional donde trataron incluso de penetrar por la fuerza para lincharlos sin previo juicio. Otro grupo se dirigió a la Plaza de Armas, sede del gobernador general español en la Isla.

Se produjo una situación incontrolable de insubordinación y posible conflicto entre las fuerzas regulares españolas y los miembros del Cuerpo de Voluntarios como ya había ocurrido en 1869 con el general Domingo Dulce y mucho antes en la provincia Matanzas. Incluso se produjeron algunos incidentes con el saldo trágico de algunos muertos y heridos.

En medio de esos dramáticos acontecimientos es necesario señalar que el Capitán General español de la Isla en dicho periodo era Blas Villate y de la Hera, el tristemente Conde de Valmaseda, quien se encontraba fuera de la capital ya que andaba de operaciones en el interior del país. Correspondió a su sustituto el General segundo Cabo, Romualdo Crespo enfrentarse a aquella descontrolada situación, quien actuó de manera incapaz e irresponsable y convirtiéndose de hecho en cómplice de los Voluntarios y del asesinato posterior de los ocho estudiantes y de la condena a prisión a más de 30 de ellos.

El juicio se celebró en la misma sede de la Cárcel Nacional en condiciones inapropiadas y sin las garantías procesales y condiciones elementales del derecho que pudieran garantizar un juicio justo e imparcial con esa turba de Voluntarios en el mismo sitio y muchos de ellos borrachos en número de más de mil pidiendo sangre, presionando, gritando y chantajeando desde las 9 de la noche del domingo 26 hasta la 1 de la tarde del lunes 27 de noviembre de 1871 cuando se dictó la segunda sentencia, pues el primer tribunal integrado por cinco miembros del Ejército Regular español y uno de cuyos Vocales fue el Capitán Federico Capdevila había dictado un primer fallo mediante el cual absolvió de culpabilidad alguna con los supuestos delitos a los estudiantes de medicina, lo cual motivó la furia de los Voluntarios y las exigencias de castigo a muerte de todas maneras para los inocentes estudiantes e incluso llegaron a pedir, según los documentos consultados, que se trajeran a todos los deportados en la entonces Isla de Pinos, hoy Isla de la Juventud, para que fueran también fusilados.

Prevalecieron la fuerza, el chantaje y la violación del derecho judicial, así como la debilidad y complicidad del General Segundo Cabo, ya que llegaron a tomar como rehén al propio Dionisio López Roberts, quien a las tres de la madrugada del 27 había acudido al lugar del juicio para intentar poner orden por encargo del General Se-gundo Cabo y no lo dejaron salir hasta por la mañana en espera de una sanción severa del segundo tribunal.

A este nuevo tribunal se le incorporaron nueve miembros más del Cuerpo de Voluntarios, con lo cual tuvieron la mayoría, además de la presencia de un oficial que transmitió una orientación del General Segundo Cabo donde decía que para evitar males mayores y un enfrentamiento sangriento entre Voluntarios y el Ejército Regular, debían tomar una decisión favorable a los primeros.

Así se produjo de ese modo el segundo fallo a la una de la tarde del lunes 27 de noviembre mediante el cual seleccionaron casi al azar o en rifa, como escribió José Martí, a ocho del grupo de los estudiantes detenidos y condenados estos a ser pasados por las armas, dos absueltos y el resto en número de más de 30 condenados a prisión. A las cuatro de la tarde se cumplió la criminal e injusta sentencia.

Ante el escándalo nacional e internacional, las autoridades de España ordenaron una investigación sobre el crimen cometido. Como resultado de ello fueron separados de sus cargos tanto el Capitán General de Cuba, Blas Villate de la Hera al igual que su segundo Romualdo Crespo y también definitivamente el Gobernador Político de La Habana, Dionisio López Roberts, principal instigador, promotor y culpable de los sucesos ocurridos como hemos señalado desde el principio.

En mayo de 1872, por una amnistía política del gobierno de Madrid y ante la presión y reclamación de sus familiares, obtuvo la libertad el resto de los estudiantes que habían sido también condenados injustamente a prisión. Sin embargo, nuevamente ante el temor de las protestas y furia de los Voluntarios se violaron sus derechos ya que dichos estudiantes fueron sacados clandestinamente en la madrugada por el puerto de la Habana hacia España en calidad de deportados políticos.