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Defienden plenos poderes de Asamblea Constituyente
en Ecuador

QUITO, 28 de noviembre (PL).— La Asamblea Nacional Constituyente se erige como un mandato ciudadano con plenos poderes, lo cual la faculta para reformar el marco institucional y elaborar una nueva Carta Magna, insistieron hoy legisladores.

Los estatutos de la Constituyente son claros y los plenos poderes se ratifican en los artículos 1 y 23 de dicho reglamento, resaltó Aminta Buenaño, quien ocuparía la segunda vicepresidencia de esta institución.

Buenaño, de Alianza País, descartó las interpretaciones realizadas al reglamento por líderes de partidos de derecha y centro izquierda, que buscan incorporar a la consulta del año próximo las resoluciones adoptadas por la Constituyente.

La asambleísta recordó que el estatuto revela que sólo será sometido a referendo el nuevo texto de la Constitución, pues las leyes entrarán en vigor de inmediato, una vez publicadas por la Gaceta Constituyente.

El ex ministro Alberto Acosta y posible presidente de la Asamblea reiteró que los "plenos poderes le garantizan (a la Asamblea) la posibilidad de gobernar, legislar, fiscalizar e incluso de administrar justicia".

"Vamos a recibir la disponibilidad del cargo del presidente de la República (Rafael Correa) y lo vamos a ratificar porque él va a ser el primer ciudadano que reconoce el poder Constituyente de la Asamblea", aseveró.

Hasta el momento, además del gabinete de ministro, anunciaron que pondrán sus dignidades a disposición de la Constituyente el contralor Carlos Polit, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, y el procurador Xavier Garaicoa.

Diputados del Movimiento Popular Democrático y de Pachakutik, harán lo mismo, mientras legisladores de derecha, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Velasco, cuestionan los plenos poderes de la Asamblea, a instalarse mañana.

Círculos políticos de izquierda alertaron este miércoles sobre el inicio de una campaña de grupos derechistas y en los medios de prensa nacionales, destinada a deslegitimar las resoluciones que se adopten en la Constituyente.

 

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