Ese grupo de trabajo fue el primero de 21 en exponer sus conclusiones en la segunda jornada de plenarias del foro, interrumpidas desde agosto pasado.

Los principios del nuevo Estado boliviano, al igual que los informes de otras comisiones, serán la base del texto constitucional que la Asamblea deberá aprobar antes del 14 de diciembre próximo, cuando expira su vigencia.

Según la norma, Bolivia es nación libre, independiente, soberana, democrática, social, descentralizada y con autonomías territoriales.

El Estado se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, agrega ese texto.

Asimismo, manifiesta que el pueblo es el conjunto de las bolivianas y bolivianos pertenecientes a las comunidades urbanas de las diferentes clases sociales y a las naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos y afrobolivianos.

Respecto a los fines y funciones esenciales del Estado, indica constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización con plena justicia social, sin explotados ni explotadores, consolidado en las identidades plurinacionales.

También garantiza el bienestar, desarrollo, seguridad y protección e igual dignidad de las personas, las naciones, pueblos y comunidades, fomentando el respeto mutuo y el diálogo intercultural.

Asimismo se plantea el reconocimiento a las 36 etnias y sus respectivas lenguas originarias y, en lo que a religión respecta, se propone un Estado laico.

La propuesta, que es rechazada por la oposición, aboga además por el reconocimiento a los derechos colectivos, comenzando por la identidad cultural, la autodeterminación, el autogobierno, la autogestión y la territorialidad.

El poder social está pensado como un mecanismo de control integrado por representantes de movimientos de todo el país.

La justicia comunitaria es parte del pedido del partido gubernamental y en lo económico impulsan una redistribución equitativa.