Al ya habitual saldo en lo más importante: la preservación de
vidas humanas, le ha seguido una ascendente gestión territorial y
nacional para revertir el panorama lo más rápido posible.
Ahí descansa la "tranquilidad" con que María Cristina Pérez habla
en Manatí de levantar una nueva vivienda donde mismo vio desplomarse
la suya.
"Aquí —explica— he vivido siempre con mi familia. No quiero ni
recordar cuando mi casita se cayó, pero nunca perdí la esperanza y
ya ves: empezó a llegar el cemento para construirla con ayuda de mis
tres hermanos que son albañiles."
A pocos metros vive Luis López, cuya vivienda —en terminación—
ahora exhibe un nuevo techo de zinc en lugar del que antes apenas
cobijaba a una parte del hogar y que fue destruido por la embestida
de las lluvias.
Como María Cristina y Luis, 1 831 familias tuneras han recibido
hasta hoy algún recurso. La cantidad de damnificados, sin embargo,
se extiende a 5 120 hogares en toda la provincia.
Según afirma el arquitecto José Rubén Peña, director provincial
de la Vivienda, el territorio ha resuelto ya el problema en unas 200
casas, incluidas algunas de las 209 que sufrieron derrumbe total
durante las lluvias.
A la solidaridad del barrio para apoyar a los necesitados a
medida que llega la ayuda, le precede una sensibilidad nacional que
se expresa en 200 metros cúbicos de madera aserrada enviados desde
Pinar del Río, el arribo de las primeras tejas infinitas producidas
en Sancti Spíritus, la distribución de planchas de acero galvanizado
fabricadas en Las Tunas.
"Lo importante —como enfatizó Jorge Cuevas Ramos, primer
secretario del Partido en la Provincia durante un recorrido por las
zonas afectadas— es destinar, ubicar y emplear esos recursos con la
mayor precisión y justeza, en correspondencia con el grado
específico de afectación en cada lugar". De acuerdo con lo apreciado
en Manatí, ese es el criterio que se aplica.
"A partir de los daños reales llevamos un cuidadoso control de lo
que se recibe, dónde se sitúa y qué uso se le está dando" —asegura
Daysi López, presidenta del Consejo Popular número 3.
Eso, como razona Alexis González, inversionista allí, evita
irregularidades, agiliza el proceso y hace que muchas familias
tengan confianza en que su problema será resuelto, incluidos poco
más de 100 habitantes del norteño muni-cipio de Puerto Padre, que
aún permanecen albergados y atendidos en instalaciones concebidas
para ese propósito.