La extensión de las facilidades de la
seguridad social a 4,9 millones de trabajadores de la economía
informal figura hoy entre los elementos novedosos en la reforma
constitucional venezolana, propuesta por el presidente Hugo Chávez.
En el proyecto de cambios a 69 artículos y 15 disposiciones
transitorias de la Carta Magna, defendido por los seguidores del SI
en todos los escenarios del país, está precisamente la creación de
beneficios de ese tipo para un importante sector laboral excluido de
los mismos hasta el momento.
La relevancia de esa medida esta dada por el hecho de que en esa
categoría se incluye más del 40 por ciento de la población activa
del país, la cual contará con un amplio espectro de acciones a su
favor con la iniciativa de reforma.
Unido a ello, las autoridades destacaron para los trabajadores la
reducción de la jornada laboral a seis horas diarias y un máximo de
36 semanales, lo cual implica la creación de nuevos puestos de labor
en sectores vinculados a la producción continua.
Fuentes oficiales estiman en mas de 130 mil los puestos de
trabajo que surgirían con esa medida, en un entorno donde la tasa de
desocupación en el país cayó al 7,2 por ciento en octubre.
Esas posiciones destacan en la propuesta del mandatario,
enriquecida en más de dos meses de debates en los más diversos
escenarios y con unas cinco mil acciones públicas promovidas por el
legislativo.
Esa realidad contrasta con los argumentos opositores contrarios a
la reforma, los cuales van desde la mención a la falta de una
discusión profunda hasta la descalificación del análisis realizado
en el marco de la Asamblea Nacional.
Frente a esa coyuntura, cuando restan apenas ocho días para la
fecha de la consulta popular aprobatoria de la iniciativa, el
escenario político del país concentra la atención en un amplio
espectro de actividades a cargo de fuerzas a favor de la reforma y
de aquellas que la rechazan.