La introducción de esos proyectos, tres de ellos en la condición de Cuba como presidente del Movimiento de Países No Alineado, tiene lugar en el curso de las sesiones de la Tercera Comisión a cargo de los Asuntos Humanitarios, Sociales y Culturales.

El proyecto cubano sobre el derecho a la alimentación tiene particular importancia este año por coincidir con un fuerte debate en torno a la obtención de biocombustibles a partir de productos alimentarios.

Para el relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, la utilización de alimentos para la producción de biocombustibles cuando más de 100 mil personas en el mundo mueren diariamente de hambre es "una receta para el desastre".

En un reporte presentado en la ONU el mes pasado, Ziegler propuso establecer una moratoria de cinco años sobre los biocombustibles para evaluar sobre todo si su producción no crea más hambre.

Otro de los proyectos presentado por Cuba en su capacidad nacional se refiere a la utilización de mercenarios y otros medios para impedir el libre derecho a la autodeterminación de los pueblos.

Este documento incorpora parte de los resultados de una investigación a cargo de un grupo de trabajo de la ONU, el cual señala que las compañías de seguridad privadas están ejerciendo una nueva modalidad de "mercenarismo" en zonas de conflicto.

Las investigaciones de ese grupo de trabajo denuncia el aumento de esas empresas como la Blackwaters, que presta servicios al Departamento de Defensa de Estados Unidos y que ha sido acusada de asesinar civiles en Iraq.

El proyecto cubano llama cesar la práctica de utilizar los servicios de compañías de guardias privados de seguridad en escenarios de conflictos donde solo deben operar fuerzas armadas regulares.

Funcionarios diplomáticos cubanos indicaron que también tienen previsto presentar a debate un proyecto sobre la defensa de la paz como única condición para que todas las personas puedan disfrutar plenamente de todos los derechos humanos.

Otra iniciativa cubana sobre la mesa de la Tercera Comisión insiste en la defensa a los principios de objetividad, imparcialidad, no politización y no selectividad en el tratamiento de los derechos humanos.