Desde el pasado año, al mismo tiempo que naufragaba en el Congreso estadounidense una reforma migratoria que podría haber legalizado a 12 millones de indocumentados, las deportaciones iniciaban en todo el país un vertiginoso aumento.

Esta nueva fase de la política migratoria estadounidense resulta a todas luces insensata. No solo por la imposibilidad de deportar a la cantidad de inmigrantes ilegales que allí radica, y que, en buena medida, aporta a la economía norteamericana, sino por los procedimientos implementados en las redadas, de las cuales son los niños las principales víctimas.

Las operaciones policiales se realizan en ausencia de medidas que protejan a los menores. Tras la detención de sus padres y al margen de las leyes, organizaciones humanitarias, vecinos, el sistema escolar, o instituciones religiosas asumen su cuidado.

Según un informe del Consejo Nacional de la Raza (NCLR, por sus siglas en inglés), publicado por el diario La Opinión, de Los Ángeles, la separación deja a los niños ––la mayoría con una edad inferior a los cinco años–– en un estado de angustia y trauma emocional.

La organización alertó también que aún no se conoce el número exacto que abandona el territorio estadounidense y se aventura en un viaje para reencontrar a sus padres.

Una vez más, en pos del "orden imperial", un singular teatro del absurdo prioriza en escena la violencia contra los derechos humanos y la discriminación, todavía más evidentes en el hecho de que entre los cinco millones de niños que pagan el precio de las deportaciones, tres millones son ciudadanos estadounidenses.