.— Diez organizaciones de
derechos humanos israelíes y palestinas interpusieron hoy una
demanda ante el Tribunal Supremo de Israel en protesta por el corte
de los suministros de electricidad y combustible a la Franja de Gaza.
Los demandantes exigen un requerimiento que impida al ministro de
Defensa, Ehud Barak, suspender el abastecimiento de suministros a
Gaza por considerar que esas restricciones son ilegales y ponen en
peligro la vida de los residentes en esa localidad de la autonomía.
La medida fue calificada de castigo colectivo por los
querellantes, quienes denunciaron que la misma afecta centros
hospitalarios y viviendas de los más del millón y medio de
habitantes de esa zona densamente poblada.
Al término de la pasada semana el ministro de Defensa, Ehud Barak,
aprobó el corte de suministros a la Franja en respuestas a los
disparo de cohetes desde esa zona.
El fin de semana las autoridades israelíes comenzaron a reducir
la entrega por semana de gasolina en un 15 por ciento y en 13 la de
diésel, a lo cual se suma la suspensión de electricidad por 15
minutos en aquellas zonas de donde provienen los ataques.
Dos terceras partes de la energía suministrada a la Franja
procede de Israel, cuyo servicio fue afectado en alrededor del 20
por ciento durante la ofensiva a gran escala del Tsahal contra esta
región autonómica, donde fue bombardeada la central eléctrica.
En esta jornada, el gobierno israelí ordenó el cierre del paso
fronterizo de Sufa, en el sur, por lo que sólo queda ahora
habilitado el cruce de Karen Shalom, en la frontera con Egipto, para
la entrega de ayuda humanitaria a la depauperada zona.
Con la toma del control de la Franja de Gaza por el Movimiento
para la Resistencia Islámica, el gobierno del primer ministro Ehud
Olmert bloqueó los pasos fronterizos, incluida la terminal de Karni,
utilizado para el trasiego de mercancías.