.— La Casa Blanca y el Senado de
Estados Unidos avanzan hoy hacia una nueva confrontación por la
confirmación del nuevo secretario de Justicia Michael Mukasey, quien
defendió al gobierno en el escándalo de las torturas contra
prisioneros.
Durante el proceso de ratificación en la Cámara Alta, el nombrado
Fiscal General evitó comentar sobre si las técnicas de interrogatorios
sancionadas por la administración eran legales o no.
Sin embargo, afirmó que el Ejecutivo tiene el derecho de actuar más
allá de las leyes promulgadas por el Capitolio cuando está en juego la
seguridad nacional, un criterio rechazado por los legisladores.
Según el diario The Washington Post, Mukasey sugirió que el
espionaje interno y el uso de técnicas de interrogatorio fuertes no
violan la Constitución.
Incluso, agrega el matutino, fue más allá al comentar que el
presidente en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas
tiene la potestad para reemplazar las leyes promulgadas por el
Congreso.
El Post destaca que durante el proceso de confirmación varios
legisladores demócratas interrogaron a Mukasey en tono severo sobre
las políticas antiterroristas del presidente George W. Bush.
Las declaraciones sobre el programa de escucha fueron duramente
criticadas por el senador demócrata Patrick J. Leahy, precisa la
publicación.
El diario The New York Times reveló este mes que en 2005 el
entonces Fiscal General Alberto Gonzáles autorizó técnicas de
interrogación severas.
Esa fue la primera vez que el gobierno permitió de forma explícita
el uso de tortura física y psicológica enérgica como el empleo de
temperaturas heladas y ahogamientos simulados, agregó.
Como primera reacción, legisladores demócratas exigieron al
Departamento de Justicia presentar documentos secretos mediante los
cuales se permitieron esos métodos.
Después de decir que la tortura es detestable, ellos
reinterpretaron la ley en secreto, manifestó recientemente Leahy, en
alusión a los funcionarios del Departamento de Justicia.