CALIFORNIA.— 
          Ocurrió en Studio City. Una familia desahuciada por el banco prendió 
          fuego a la vivienda al abandonarla. Dicen que fue la rabia provocada 
          por la errónea información que recibieron del banco al firmar la 
          hipoteca. 
          Un diario de la ciudad publicaba hace unos días la 
          historia de la familia de Soledad Avilés, inmigrantes mexicanos 
          hispanohablantes. En su caso fue un "compadre" quien dicen les 
          escatimó para, entre otras cosas, rellenar unos papeles donde decía 
          que los ingresos familiares anuales superaban los 150 000 dólares, 
          cuando en realidad y entre toda la familia, apenas llegan a los 60 
          000. 
          La tragedia que viven algunas familias latinas por 
          la pérdida de sus casas es tan real como la vida misma. Y a decir de 
          los expertos, el torrente de desahucios aún está por llegar. 
          La agencia Moody destaca que durante la actual 
          administración (2001-2009) el índice de propietarios de viviendas en 
          el país disminuirá en 700 000, algo que no ocurre desde los tiempos de 
          James Carter. 
          Hace dos semanas escribí que en parte la culpa no 
          es solo de esos intermediarios —muchos de ellos latinos— que se 
          ofrecen a "vender" lo inalcanzable, o de las agencias inmobiliarias 
          involucradas en el "guiso" y falsificación de documentos, o de los 
          bancos, cuya sola preocupación era y es engordar la cartera 
          prestamista; incluso a la propia autoridad monetaria federal (léase el 
          Fed), por acudir rauda al rescate de inversionistas y empresas 
          financieras limitándose solo a "aconsejar" medidas para evitar que 
          algo así vuelva a ocurrir. 
          ¿Quién no ha oído el dicho que reza "Si algo suena 
          demasiado bueno para ser cierto, seguramente lo sea"? Circula de boca 
          en boca en cualquier barrio hispano de la ciudad. 
          Llegó la hora no de culpar a nadie, sino de ofrecer 
          soluciones a quienes seguramente por desconocimiento y alguna dosis de 
          incredulidad ahora destrozan casas o se hunden en la miseria, como es 
          el caso de la familia Avilés. 
          La reforma de la ley prestamista debe implicar una 
          reducción en el pago de intereses, un balance o una extensión en sus 
          términos. O una combinación de los tres. En estos momentos hay dos 
          propuestas de ley en el Congreso y en el Senado que sugieren una 
          modificación en la ley de bancarrota, que deje tratar estos préstamos 
          hipotecarios como cualquier otra deuda contraída que permita a la 
          parte perjudicada reestructurar la deuda y cumplir con los plazos 
          acordados. 
          Habría que añadir alguna medida que impida la 
          práctica de concesión de esos préstamos abusivos que tanto daño hacen 
          a muchas familias hispanas, de California a la Florida o de Texas a 
          Michigan. De lo contrario, la tendencia anunciada por Moody no hará 
          más que agravarse, y ese es el drama que se avecina que a todas luces 
          hay que tratar de evitar. Usted dirá.