CALIFORNIA.—
Ocurrió en Studio City. Una familia desahuciada por el banco prendió
fuego a la vivienda al abandonarla. Dicen que fue la rabia provocada
por la errónea información que recibieron del banco al firmar la
hipoteca.
Un diario de la ciudad publicaba hace unos días la
historia de la familia de Soledad Avilés, inmigrantes mexicanos
hispanohablantes. En su caso fue un "compadre" quien dicen les
escatimó para, entre otras cosas, rellenar unos papeles donde decía
que los ingresos familiares anuales superaban los 150 000 dólares,
cuando en realidad y entre toda la familia, apenas llegan a los 60
000.
La tragedia que viven algunas familias latinas por
la pérdida de sus casas es tan real como la vida misma. Y a decir de
los expertos, el torrente de desahucios aún está por llegar.
La agencia Moody destaca que durante la actual
administración (2001-2009) el índice de propietarios de viviendas en
el país disminuirá en 700 000, algo que no ocurre desde los tiempos de
James Carter.
Hace dos semanas escribí que en parte la culpa no
es solo de esos intermediarios —muchos de ellos latinos— que se
ofrecen a "vender" lo inalcanzable, o de las agencias inmobiliarias
involucradas en el "guiso" y falsificación de documentos, o de los
bancos, cuya sola preocupación era y es engordar la cartera
prestamista; incluso a la propia autoridad monetaria federal (léase el
Fed), por acudir rauda al rescate de inversionistas y empresas
financieras limitándose solo a "aconsejar" medidas para evitar que
algo así vuelva a ocurrir.
¿Quién no ha oído el dicho que reza "Si algo suena
demasiado bueno para ser cierto, seguramente lo sea"? Circula de boca
en boca en cualquier barrio hispano de la ciudad.
Llegó la hora no de culpar a nadie, sino de ofrecer
soluciones a quienes seguramente por desconocimiento y alguna dosis de
incredulidad ahora destrozan casas o se hunden en la miseria, como es
el caso de la familia Avilés.
La reforma de la ley prestamista debe implicar una
reducción en el pago de intereses, un balance o una extensión en sus
términos. O una combinación de los tres. En estos momentos hay dos
propuestas de ley en el Congreso y en el Senado que sugieren una
modificación en la ley de bancarrota, que deje tratar estos préstamos
hipotecarios como cualquier otra deuda contraída que permita a la
parte perjudicada reestructurar la deuda y cumplir con los plazos
acordados.
Habría que añadir alguna medida que impida la
práctica de concesión de esos préstamos abusivos que tanto daño hacen
a muchas familias hispanas, de California a la Florida o de Texas a
Michigan. De lo contrario, la tendencia anunciada por Moody no hará
más que agravarse, y ese es el drama que se avecina que a todas luces
hay que tratar de evitar. Usted dirá.