En la actualidad tenemos un nuevo proceso electoral. En esta ocasión para la renovación de la Asamblea Nacional, del Consejo de Estado, y de las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular, comenzando con la elección de los delegados a nivel de circunscripción electoral. O sea, nuestro país a fines del presente año, según lo establecido por la Constitución de la República y la Ley Electoral vigentes, estará inmerso en elecciones generales.

Resulta conocido que en nuestra patria, en las eIecciones, no participan partidos políticos organizados con fines electorales, sino que los propios electores, bien directamente o en los casos de Delegado a las Asambleas Provinciales, o de diputados a Ia Asamblea Nacional, mediante sus representantes electos para las Asambleas Municipales, son los que nominan a los candidatos que van a participar en la justa electoral, a diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo, característica que hace única nuestra forma de escoger a los integrantes de los órganos deliberativos de dirección estatal.

Dicha particularidad ha originado que en sus ataques a la Revolución cubana, sus enemigos mientan al afirmar que en Cuba no tienen lugar verdaderas elecciones. Una aseveración que ignora la autoctonía de nuestro sistema electoral y el hecho de que nuestro país hace ya casi medio siglo dejó de transitar por el sendero de los chanchullos electorales y los partidos políticos venales, surgidos del voraz apetito de jerarcas de la sociedad de aquel entonces o de los intereses de la metrópoli imperial, que nos intervino y dirigió por intermedio de políticos corruptos hasta el triunfo de la Revolución. Una mentira que no tiene en cuenta además que algunos de los conceptos básicos de nuestro sistema electoral tienen raíces en el pensamiento del mambisado.

No existieron partidos políticos para escoger a los que ejercerían los cargos de dirección de la República en Armas. A la Asamblea Constituyente de Guáimaro, celebrada el 10 de abril de 1869, asistieron cuatro representantes de los orientales, cinco camagüeyanos y seis villareños, para totalizar 15 asambleístas.

Una vez acordada la Constitución, para la integración del Poder Legislativo unicameral por ella previsto, se estableció una composición igual para todas, a fin de evitar lo que Antonio Zambrana calificaba como "la tiranía del número".

Según el artículo 7 de la Carta Magna, correspondía a la Cámara de Representantes nombrar el Presidente encargado del Poder Ejecutivo, el General en Jefe, el Presidente de las sesiones y demás empleados suyos. Es decir, no se habla de elección sino de nombramientos. Por otra parte, en su artículo 9, establece que la Cámara de Representantes puede deponer libremente a los funcionarios cuyo nombramiento le corresponde. En el artículo 21, expresa que los Secretarios de Despachos serán nombrados por la Cámara a propuesta del Presidente.

Como puede apreciarse, en ningún momento se concibió la existencia de cargos electivos para la conformación de los órganos ejecutivos del Estado. No obstante, la Constitución preveía la posibilidad de la existencia de normas electorales específicas, pues en su artículo 23 exigía las mismas condiciones a electores y elegidos.

La Constitución de Guáimaro fue sustituida por la de Baraguá, en 1878. Esta nueva Ley Fundamental tuvo un contenido breve, de solamente seis artículos, expeditos y ajustados a las severas condiciones de la guerra. No contemplaba, por tanto, preceptos electorales.

Cuando el pueblo cubano reinició la lucha independentista bajo la guía de José Martí, el 24 de febrero de 1895, a fines de ese año una Asamblea Constituyente se dio nuevamente a la tarea de organizar el Estado cubano.

Lo legislado no difiere mucho en lo concerniente a las normas electorales específicas. Sin embargo, en lo referente a las estructuras del estado revolucionario mambí, sí están presentes cambios institucionales de significación respecto a los principios legales que amparaban la existencia de los órganos del Estado.

A esta Asamblea Constituyente asistieron 20 delegados de todos los cuerpos del ejército existentes hasta esos momentos, con excepción de Occidente. El 16 de septiembre de 1895 fue aprobada la conocida como Constitución de Jimaguayú.

Al examinar su contenido podremos percatarnos de que los cargos de Presidente y Vicepresidente, en los cuales se declaraba por el artículo 7 que residía el Poder Ejecutivo, según el artículo 13, podrían interpretarse que eran electivos, correspondiendo su elección a la propia Asamblea Constituyente, a partir de que en este último artículo se dice que, en caso de quedar vacantes dichos cargos, se reuniría una Asamblea de Representantes, para la elección de los que hayan de desempeñar los vacantes.

A lo anterior se unía que, según el artículo 3, inciso (8), de dicho texto constitucional, entre las facultades del Consejo de Gobierno estaba "ordenar la elección de cuatro representantes por cada Cuerpo de Ejército cada vez que, conforme con esta Constitución, sea necesaria la convocatoria de Asamblea singular".

El 17 de enero de 1897, el Consejo de Gobierno aprobó una Ley Electoral que estableció el sufragio directo. Por esta Ley, se consideraba elector y por tanto con derecho a ejercer el sufragio activo, a todo cubano varón, mayor de 16 años, que residiera en el territorio de la República.

Para el caso del sufragio pasivo, o sea, el derecho a ser elegido, se exigía ser mayor de 25 años. Esta normativa era altamente progresista, y ha sido recogida en la actualidad como una experiencia valiosa. Fue un reconocimiento a los jóvenes que se lanzaron a la manigua a luchar por la independencia de la patria. No existían antecedentes semejantes en el Derecho Electoral comparado con otras partes del mundo.

El procedimiento era muy sencillo. Consistía en la habilitación de mesas electorales integradas por el Jefe de la Brigada, el Gobernador del territorio (Teniente Gobernador) y el Delegado de la Hacienda. El primero fungía como presidente de la mesa y los restantes como vocales.

La votación se hacía por escrito, consignando cada elector el nombre de tres candidatos en una papeleta que se le entregaba cerrada y se depositaba en una urna hasta el momento del escrutinio.

No obstante, el elector que lo desease podía votar de palabra, lo que se hacía constar en el Acta. En dicho documento se daba fe además del número de electores que votaron, la cifra de votos obtenidos por cada candidato y las protestas que se hubieran hecho. Eran firmadas por el presidente de la mesa electoral, el Delegado de Hacienda y el Gobernador, o sea, los vocales, y se remitían al Jefe del Cuerpo, al Gobernador civil y al Administrador de Hacienda.

Estos últimos tres funcionarios eran los que hacían el escrutinio general de las elecciones y resolvían los problemas o situaciones que hubieran planteado los electores, levantando, a su vez, un Acta, que era enviada al Consejo de Gobierno.

Tales normativas eran aplicadas en momentos en que se luchaba aún intensamente contra el ejército español, por lo que resulta altamente loable y democrático el procedimiento diseñado para la realización de esos actos electorales.

Como puede apreciarse, tampoco existieron partidos políticos organizados con fines electorales.

Cuando llegó el tiempo fijado por la Constitución de Jimaguayú, el Consejo de Gobierno libró una convocatoria para crear, en septiembre de 1897, una nueva Asamblea Constituyente, para lo cual dispuso que en los Cuerpos de Ejército fueran electos delegados a la misma. Esta fue la efectuada en Camagüey, en octubre de ese año.

La Constitución de la Yaya, conocida así por el lugar donde fue aprobada, establecía una estructura estatal mucho más desarrollada que la de Jimaguayú. Por primera vez, en un texto constitucional cubano de la República en Armas, se incluía un artículo, el número 10, en el que se expresaba de manera específica que: "El derecho electoral será reglamentado por el Gobierno sobre la base del sufragio universal" .

En su texto queda claramente expresado en el artículo 42, que estas Asambleas se compondrán de cuatro representantes por cada uno de los territorios en que un cuerpo de ejército está ahora operando. O sea, se reiteraba el sistema diseñado en Jimaguayú. De ahí que la situación general, en los hechos, no es muy diferente a la presente en el año 1895.

En uso de la facultad que le concedía el artículo 10 de esta Constitución, el Consejo de Gobierno adoptó, el 14 de agosto de 1898, una nueva Ley Electoral destinada a regir las elecciones para designar a la Asamblea de Representantes, llamada a legislar interinamente sobre el régimen de gobierno que tendría el país hasta que se reuniese la Asamblea Constituyente definitiva. Desde el 11 de abril el Gobierno de España había decretado la suspensión de las operaciones militares.

Esta nueva Ley establecía que el elector debía reunir los requisitos siguientes: tener más de 21 años, ser residente de los territorios ocupados por autoridades de la República, exceptuando a los que estuvieren cumpliendo una pena aflictiva o fuesen incapacitados intelectualmente. Respecto a los elegibles, reproduce los enunciados de la Ley de 1897.

Divide el país en seis territorios, cuyos límites coincidían con los de los cinco Cuerpos de Ejército. A su vez, cada uno de ellos se dividía en tantos distritos como brigadas tuviera, y éstos en tantos colegios como fuere necesario para facilitar las elecciones.

Al final de cada día previsto para las elecciones se procedería a realizar un escrutinio para determinar si el número de papeletas emitidas coincidía con el de votantes, levantándose acta con los particulares procedentes. El último día el acta recogería el resultado total del colegio electoral.

Puede apreciarse la complejidad que iban adquiriendo las normas electorales en este periodo de nuestra historia, en la misma medida que iban expandiéndose las institucíones del Estado revolucionario de la República de Cuba en armas, ante el avance arrollador de las acciones militares y el pase de territorios cada vez mayores, a la Administración de Cuba libre.