El camino hacia la entrega del proyecto de carta magna y el referendo popular se ha visto allanado por dos acuerdos suscritos en un Consejo Político, entidad creada a instancias del gobierno central y 11 de las 16 bancadas representadas en el foro.

El primero de esos consensos selló la propuesta de una economía mixta, otra comunitaria y la privada, todas dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población.

En la iniciativa se precisa además que el Estado ejerce la dirección integral del desarrollo económico y de sus procesos de planificación.

También puntualiza que los recursos naturales son propiedad del pueblo boliviano y serán administrados por el gobierno, aunque se respeta y garantiza la propiedad individual y colectiva sobre la tierra.

Asimismo se establece la industrialización para superar la dependencia de la exportación de materias primas y lograr una economía de base productiva.

Un segundo acuerdo determinó incorporar las autonomías indígenas dentro de las municipales y consolidar las departamentales.

Ángel Villacorta, vicepresidente de la Asamblea, explicó a Prensa Latina que todavía están por precisar las atribuciones y competencias de cada instancia.

El Consejo también enfrentó mediante el diálogo otro de los temas más polémicos que mantuvo estancado el foro: el conflicto entre las regiones de Chuquisaca y La Paz, debido a la demanda del primero del traslado a Sucre de las sedes del gobierno y el parlamento.