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Perú pedirá a la justicia chilena que apruebe una nueva causa, por una
matanza de presos, contra el extraditado ex presidente Alberto Fujmori,
confirmó hoy la ministra de Justicia, María Zavala.
Zavala dejó además abierta la posibilidad de pedir a la Corte
Suprema del vecino país su visto bueno para otros procesos, luego que
ese tribunal aprobó ayer la extradición para que el reo enfrente siete
procesos por delitos de lesa humanidad y corrupción.
"Se tendrá que pedir ampliaciones por los nuevos procesos que vayan
surgiendo y la autoridad chilena dirá si proceden o no las
solicitudes", manifestó.
Recordó que similares ampliaciones fueron pedidas a los tribunales
de España, en el caso del reo de terrorismo Adolfo Olaechea, y de
Estados Unidos, en el de Alberto Venero, acusado de corrupción.
La titular de justicia argumentó por otra parte que el ex
gobernante no fue esposado tras su entrega a la policía peruana en
Chile, por respeto a los derechos humanos y la dignidad de las
personas, y sostuvo que las esposas son para los sentenciados.
Aseguró que está garantizada la seguridad y la integridad física de
Fujimori y que este tendrá un juicio justo, para lo cual el poder
judicial trabajará libremente.
Destacó la idoneidad de los jueces de la Corte Suprema a cargo de
los juicios contra el ex mandatario, encabezados por el jurista César
San Martín, a quien, por su probidad, los defensores del reo intentan
recusar y apartar del caso, según el diario La Primera.
El presidente de la Corte, Francisco Távara, ratificó su confianza
en San Martín y de los otros dos jueces, Víctor Prado y Hugo Príncipe
y destacó que los tres elaboraron los expedientes que fundamentaron el
pedido de extradición.
El jurista Mario Amoretti dijo a su vez que Fujimori deberá
comparecer el lunes próximo en el juicio por los sobornos pagados por
su régimen a parlamentarios opositores para que emigren al
oficialismo.
De otro lado, la fiscal de la Nación, Adelaida Bolívar, adelantó
que la primera sentencia que recibirá el gobernante será la referida
al proceso por el allanamiento ilegal, en 2000, de la casa de la
familia de su ex asesor, Vladimiro Montesinos.
Según los términos de la extradición, Fujimori debe ser juzgado por
esos dos casos, así como por las matanzas de Barrios Altos y La
Cantura, por secuestros y torturas, la intervención telefónica
practicada, la compra ilícita de tractores y el pago ilegal a
Montesinos.