La comisión de juristas del Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup), que elabora este proyecto de legislación, encarga al ejecutivo la promoción de la economía nacional.

El Estado debe impulsar el desarrollo integral del país, promover el fomento de las actividades de iniciativa privada y comunitaria, y garantizar el goce de los derechos reconocidos por la Carta Magna, refleja el borrador.

Ese texto define asimismo disposiciones orientadas a buscar una mejor distribución de la riqueza, con miras a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

El gobierno deberá también garantizar la propiedad de la tierra en producción y adoptará medidas para erradicar la pobreza rural. El texto prohíbe el acaparamiento de los suelos y el latifundio improductivo.

El borrador establece asimismo que el país contará con un Congreso unicameral, integrado por 106 diputados, seis más que el actual. Esos asientos adicionales serían ocupados por ecuatorianos residentes en el exterior.

Al igual que el presidente del país, los legisladores ocuparían sus escaños por un período de cinco años, uno más que el actual.

La comisión ratifica la posibilidad de que el Congreso enjuicie políticamente al jefe de Estado, pero faculta al gobernante para disolver el Legislativo, por una vez, durante su mandato.