Consideradas entre las comunidades más vulnerables de todo el mundo, los indígenas han batallado para conseguir la aprobación del texto, que recibió en junio del pasado año el visto bueno del Consejo de Derechos Humanos.

Ratificado por 143 votos a favor, cuatro en contra y 11 abstenciones, la Declaración fue objeto de profundos debates ante la oposición de grupos de países liderados por Estados Unidos y Canadá.

El documento, promovido por países de prominente presencia indígena en su población como México, Guatemala y Perú, consta de 46 capítulos que reflejan el respeto a los derechos de estos pueblos.

Entre ellos destacan garantizar la propiedad de tierras ancestrales y recursos naturales de esos territorios pertenecientes a las comunidades autóctonas, así como la preservación del entorno.