Tras innumerables denuncias de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDHH) sobre la presencia de grupos de exterminio en El Salvador, la reciente captura de policías acusados de ejecuciones extrajudiciales valida los hechos.

El pasado 28 de julio fueron apresados el sargento Nelson Arriaza y el agente Roberto Carlos Chévez, junto a Rember Martínez, acusados del asesinato del campesino Amado García en el municipio de Nueva Esparta, en el nororiental departamento de Morazán.

Arriaza figura como el líder de una banda a la que se vinculan otros policías, que, según el fiscal salvadoreño Rodolfo Delgado, de la Unidad contra el Crimen Organizado, de la Fiscalía General, podrían adjudicársele más crímenes de los que se creía, al menos unos 30.

Organizaciones humanitarias y la propia ex representante de la PDHH, Beatrice del Carrillo, alertaban sobre el retorno de los escuadrones de la muerte a las filas de las fuerzas de seguridad, como ocurrió durante la lucha contrainsurgente en los años 70 y 80.

Durante esa etapa, grupos paramilitares capturaron, torturaron y asesinaron a estudiantes, obreros, maestros y dirigentes políticos, como parte de la llamada cruzada anticomunista, dirigida por el ya fallecido mayor Roberto d'Abuisson.

Del Carrillo advertía sobre la impunidad con la que operan actualmente en todo el país. Incluso se asegura que, tras el fin de la guerra civil (1980-1992), nunca desaparecieron.

Ahora, afirman estudiosos del tema, como el abogado Jaime Martínez, del Consejo Latinoamericano del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, han mutado de escuadrones de la muerte a grupos de sicarios.

Sus trabajos principales son los ajustes de cuentas, dirimir desacuerdos personales, sacar de la competencia a otro empresario, limpieza social o al servicio del crimen organizado, subraya.

Las pesquisas sobre el triple asesinato en Jocoro, en la provincia oriental de Morazán, el 21 de julio pasado, dan fe de la relación que esta estructura de policías, ex policías y civiles tenía con empresarios que supuestamente les pagaban para cometer asesinatos.

Después del conflicto armado, las extorsiones, asaltos, asesinatos y el miedo han ido conformando la llamada cultura de violencia de los salvadoreños.