—
La necesidad de implementar en México una política de Estado en
materia de seguridad, ante la ola de violencia de los últimos años,
está entre las más importantes conclusiones de un foro especializado
transcurrido aquí.
Académicos, legisladores, miembros del Poder Judicial y de
organizaciones no gubernamentales, así como representantes de medios
de prensa y otros expertos respondieron a la convocatoria del evento,
denominado Seguridad en Democracia.
Ellos también plantearon lo importante de realizar reformas
legales, impulsar la participación ciudadana y respetar los derechos
humanos, pues de lo contrario será anulada la capacidad de defensa del
Estado y la sociedad ante el crimen organizado, aseguraron.
Temas como la violencia no pueden ser el destino de la vida
nacional, las soluciones necesitan la suma de esfuerzos de las
instituciones públicas, del Estado y de la sociedad civil, fueron
premisas de ese encuentro.
En una de las sesiones de trabajo, el presidente de la Mesa
Directiva del Senado, Santiago Creel, y otros parlamentarios se
comprometieron a iniciar en noviembre próximo la discusión de la
reforma al sistema de justicia penal.
Empresarios y directivos de medios de comunicación coincidieron en
que ante la creciente violencia, es necesario informar con equilibrio,
pero sin olvidar su papel crítico.
Como parte de las conclusiones, destacan adoptar un sistema penal
que obligue a una alta profesionalización de quienes procuran e
imparten justicia, y establecer las responsabilidades y límites
constitucionales de funcionarios de los tres niveles de gobierno.
Fomentar la cooperación con otros países en el combate del fenómeno
delictivo, pero que los acuerdos sean discutidos en el Congreso de
cara a la nación y aprobados por el Senado, es otra de ellas.