— La justicia estadounidense
intenta hoy pagar una deuda legal con las víctimas del huracán Katrina
a dos años de la tragedia, en el primer juicio por crímenes cometidos
durante el meteoro.
Kathleen Blanco, gobernadora de Louisiana, testificó la víspera
contra los propietarios de un asilo de Nueva Orleáns que desecharon
los partes oficiales sobre la proximidad del ciclón y dejaron morir a
35 pacientes.
Blanco recordó las tres intervenciones realizadas por su oficina
para advertir sobre los peligros del Katrina y aconsejar a los
habitantes de la ciudad que buscaran zonas seguras en otros puntos del
estado.
La fiscalía considera que los acusados Salvador y Mabel Mangano, en
base a esas informaciones, debieron evacuar a los 59 ancianos del
hogar que ellos administraban, pero los abogados defensores culpan al
gobierno por mala organización.
Según testigos, los propietarios mantuvieron entubados y amarrados
a los pacientes a sus camas, y desecharon en dos ocasiones los
ofrecimientos de transporte hasta que el agua invadió el hogar y
provocó la muerte de 35 personas.
El huracán cobró la vida de mil 500 estadounidenses y dejó pérdidas
de 75 mil millones de dólares por negligencias de la administración
republicana, que calculó mal la resistencia de los diques del río
Mississippi y no organizó la evacuación de Nueva Orleáns.